Parece que soplan aires de esperanza para los ‘dreamers’… por ahora

Parece que soplan aires de esperanza para los ‘dreamers’… por ahora

Foto: Hola America

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Francisco Machalskys- “Es difícil para mí poner una fecha a la reforma migratoria, porque al final la decisión no es mía, pero creo que en los próximos seis meses, más o menos, tendremos algo por parte de la Casa Blanca para empezar a dirigir hacia dónde vamos a partir de aquí con los indocumentados”. Con estas palabras, pronunciadas en marzo de este año, el presidente Donald Trump vislumbró el que sería un accidentado camino a la atención de unos de los problemas más agudos de este país; tema central, además, de su campaña electoral.

Ya lo había asegurado en sus días de candidato: allanaría el camino a unos once millones de indocumentados residentes en Estados Unidos. Sin embargo, su estilo determinante y un tanto apartado de la institucionalidad lo ha llevado a toparse con no pocos obstáculos a sus intentos de consolidar una política migratoria a la luz de su promesa; obstáculos puestos, incluso, por miembros de su propio partido.

Aún están fresca la indignación que llevó a miles de manifestantes a rechazar el veto migratorio contra seis países de mayoría árabe, propuesta que además fue bloqueada por un tribunal federal; así como las reacciones desafiantes de ciudades como Nueva York, Miami y Portland, que han dicho no a la aprobada medida que pretende retirarles fondos federales por su condición de ciudades santuario. Como tampoco puede dejarse de lado la perorata del muro fronterizo con México y los recientes hechos de Charlottesville, donde, según los analistas políticos, habría intentado minimizar las acciones de los supremacistas blancos al llamar a la “cordura de ambas partes”.

En medio de este panorama, Trump anunció meses atrás que “era tiempo de impulsar una reforma migratoria. Es una decisión que tomaré, y es muy difícil, pues hay dos caras de una historia”. Y la decisión difícil, finalmente, fue anunciada por el fiscal general, Jeff Sessions: el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia —DACA, según sus siglas en inglés— quedó eliminado a partir del 5 de septiembre.

Firmado en octubre de 2012 por el presidente Barack Obama, DACA buscó proteger de la deportación a unos 750,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, y que en consonancia al sueño americano se les bautizó como dreamers.

Una vez más, la medida anunciada por Trump levantó voces opositoras, como el caso del republicano Rick Scott, gobernador de Florida, quien dio su opinión sobre la actuación de Trump: “Se equivocó al tratar la cuestión de los dreamers por Orden Ejecutiva; debería haberlo hecho conjuntamente con el Congreso, que es como hacemos las leyes en nuestra democracia”. Aunque Scott dijo no estar de acuerdo “con castigar a los dreamers por las acciones de sus padres”, aclaró estar en desacuerdo con la inmigración ilegal y la coexistencia de las llamadas ciudades santuario.

Pese a lo irrevocable del anuncio —que nadie se equivoque, ya DACA no va— Trump sorprendió a propios y a extraños al negociar la protección de los jóvenes dreamers a cambio de acordar nuevas medidas de seguridad en la frontera. La discusión la sostuvo con los líderes demócratas del senado Charles Schumer y Nancy Pelosi, que, entre otras cosas, descartaron el financiamiento del muro en la frontera con México entre las medidas de seguridad fronteriza.

Sorpresivo y temperamental como se le conoce, el presidente Trump dejó entrever a través de su cuenta Twitter que, si bien la reunión con los líderes demócratas había sido fructífera, ningún acuerdo se había alcanzado aún. “El muro se sigue construyendo y así seguirá. Otras medidas fronterizas de seguridad deberían decidirse por consenso, lo cual podría ser sometido a votación”, advirtió el jefe de Estado en dos tweets.

Así las cosas, en principio, los 750,000 soñadores, cuyo futuro en la gran Unión Americana veían tambalearse, quedarían por acuerdo protegidos en los términos que la ordenanza original establecía: esto es, disfrutando del beneficio de permiso laboral temporal, a ser renovado por espacio de dos años al término en los días posteriores a la eliminación del programa. Cabe destacar que, una vez derogado DACA el pasado 5 de septiembre, no habrá más solicitudes para nuevos dreamers.

Pareciera haber buenas intenciones en esta negociación presidencial de cara a la integración de estos jóvenes que siendo niños establecieron su vida en esta nación. Pero no faltan los observadores agudos que recuerdan la gran presión de grupos conservadores para hacer cumplir esta vieja promesa electoral; de hecho, fiscales generales de nueve estados, con Texas a la cabeza, habían amenazado con interponer una demanda si no procedía en consecuencia. Quedará a los dreamers, y a los grupos de apoyo civil, estar atentos a qué dirección sopla el viento, para celebrar… o para actuar.

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