Venezuela en su laberinto

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Efecto Eco

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Ana Stollavagli- Si, como dice el Gobierno venezolano, más de ocho millones de personas (el 41,43% del padrón) votaron por la Asamblea Constituyente, eso quiere decir que Nicolás Maduro obtuvo casi tanto apoyo como Hugo Chávez en sus mejores épocas. Pero ¿quién puede creerlo? Nadie que haya visto la desesperación de un pueblo que sufre el hambre y llora a sus muertos por la represión.

Este domingo, Nicolás Maduro dio la puntada final a su avanzada contra la Asamblea Nacional, el órgano legislativo que controla la oposición desde 2015 (y al que meses atrás el presidente ya había intentado disolver), cuando catorce millones de personas le dieron su voto. Ahora, Maduro tratará de redactar una nueva Carta Magna para asegurar la continuidad del régimen, atacando a las cadenas privadas de televisión —si alguna aún queda para enfrentarlo— y a lo que él llama “burguesía” para referirse a todo aquel que piense distinto.

Los legisladores le respondieron, el lunes, con una sorpresiva sesión en la que el presidente del órgano parlamentario, Julio Borges, calificó de “burla” la Constituyente. La sesión fue en la sede de la Asamblea Nacional, aunque los parlamentarios dijeron que si el lugar se cerrara, ellos sesionarían en donde fuera, pero lo harían.

Según el diputado Williams Dávila (Acción Democrática), de los comicios solo participaron menos de dos millones de personas, pero con la construcción de los centros de votación “esa gente votó tres o cuatro veces […] y así se fabricaron millones de votos”.

Un fuerte contraste con los siete millones doscientos mil votos de ciudadanos que, convocados por las fuerzas opositoras, hace dos semanas participaron de un plebiscito simbólico en rechazo al Gobierno.

Los muertos que nadie mata

Por su parte, la fiscal general, Luisa Ortega, enfrentada al régimen desde hace meses, desoyó los rumores que señalan su posible desplazamiento, se reafirmó en su cargo y aseguró: “Todos los derechos políticos están en peligro. El país vive la mayor crisis política, económica y social de su historia. […] Lo que han hecho es incrementar la ola de protestas y la represión por parte de los cuerpos de seguridad”.

Increíblemente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, sentenció: “No tenemos una sola muerte atribuible a la acción de nuestras fuerzas”, mientras Ortega denunciaba que solo este domingo se registraron diez víctimas fatales (las cifras no oficiales hablan de, al menos, quince), y que en los últimos cuatro meses se produjeron 121 muertos y 1.958 heridos “por el capricho de los gobernantes”.

Con estos números y un cúmulo de denuncias de funcionarios obligados a ir a votar y civiles amenazados con perder sus beneficios sociales otorgados durante la extensa gestión de Chávez, la Fiscal General ratificó la inconstitucionalidad de la convocatoria a la Constituyente, ordenó una investigación penal y evaluó acudir a organismos internacionales para denunciar la situación en el país. “Estamos ante delitos de lesa humanidad —agregó—. Al menos, el 25% de los muertos en las protestas son producto de los cuerpos de seguridad, y al menos, el 40% son producto de civiles armados que actúan contra los manifestantes”.

Estados Unidos sanciona a Maduro

Este lunes, el Gobierno de Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en la que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró: “Las elecciones ilegítimas [del domingo] confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano”. El funcionario anunció también que todos los activos del mandatario en jurisdicción estadounidense están congelados, y adelantó que “cualquiera que participe de la Asamblea Constituyente ilegítima podría exponerse a sanciones de la administración norteamericana”. Así se sumarían a la lista de trece funcionarios del régimen a los que una semana atrás se les congelaron sus bienes en Estados Unidos, entre ellos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.

En tanto, las sanciones a la industria petrolera por ahora no se produjeron y siguen en discusión, ya que podrían afectar aún más al pueblo empobrecido y privado de acceso a bienes y servicios esenciales.

El nuevo avance del régimen de Maduro contra las instituciones democráticas también fue rechazado por una veintena de países, muchos de ellos con lazos comerciales con Venezuela. Solo Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y El Salvador avalaron la Constituyente, China no se pronunció y Rusia pidió que “en la situación de Venezuela no intervengan actores externos”.

La semana próxima, varios cancilleres latinoamericanos se reunirán para intentar lograr algo más que un pronunciamiento de rechazo a las acciones de Maduro. Mientras tanto, por las calles de Venezuela, probablemente, seguirán marchando cientos de miles de personas que, pese a las balas, quieren comer, curarse, elegir un Gobierno democráticamente y vivir en paz.

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