Oregón y el futuro de las ciudades santuario

Oregón y el futuro de las ciudades santuario

Foto: El Capitolio del estado de Oregón. Zehn Katzen, 8 de julio de 2008 por Creative Commons (CC BY 3.0)

Foto: El Capitolio del estado de Oregón. Zehn Katzen, 8 de julio de 2008 por Creative Commons (CC BY 3.0)

Ana Stollavagli- Cuando el 7 de julio de 1987, Oregón se convirtió en el primer y único estado santuario del país, probablemente nadie imaginaba que la ley que lo hizo posible sería, tres décadas después, la esperanza a la que inmigrantes de toda la nación se aferrarían para evitar las deportaciones masivas.

La norma fue fruto del trabajo del legislador Rocky Barilla, quien diez años antes, en 1977, presentó una demanda colectiva por un incidente ocurrido en el restaurante Hi Ho de la ciudad de Independence: cuatro policías, supuestamente autorizados por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), interrogaron en público a cuatro hombres acerca de su condición migratoria. Uno de ellos, Delmiron Treviño, era estadounidense, de familia mexicana, y al llevar su humillación a los tribunales, empezó a cambiar la historia. Aunque, según Barilla, la ley solo pretendía cuidar los recursos de la ciudad y no emplearlos en tareas que le correspondían al Gobierno federal, se convirtió en escudo para los indocumentados, aun cuando cada ciudad le dio sus propios matices y en algunas de ellas no son infrecuentes las denuncias por violaciones a la norma.

Treinta años más tarde, la Legislatura estatal aprobó una ley que prohíbe a las agencias estatales y locales preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo y revelar a funcionarios federales información personal, como dirección, teléfonos de contacto, lugar u horario de trabajo, etc. La excepción es que exista una orden judicial al respecto.

Durante el debate, los republicanos denunciaron que la norma subvertía la política federal de inmigración. El representante Greg Barreto se preguntó: “¿Estamos creando otra clase protegida que es inmune a leyes específicas bajo las cuales todos somos gobernados?”. Los demócratas, en cambio, aseguraron que se reforzará la protección de la privacidad de las poblaciones más vulnerables. La representante Teresa Alonso León señaló: “Casi todos tienen a un miembro de su familia, un amigo, un ser querido, que vive en constante temor a la deportación”.

Invitados a expresar su opinión, los ciudadanos elevaron voces a favor y en contra del estado santuario. Christiana Mayer, residente de la ciudad de Forest Grove, escribió en su carta a la Legislatura: “Nuestros legisladores juraron para sostener las leyes de esta nación y no para burlarlas, beneficiando a gente que está aquí ilegalmente, a costa del contribuyente de Oregón”. Los directores de escuelas secundarias, Petra Callin y Filip Hristic, por su parte, redactaron en su misiva: “Nuestros estudiantes viven con miedo a que sus padres sean detenidos… [y esto] puede distraerlos del aprendizaje. Algunos están renunciando a las comidas debido al temor de que, al llenar los formularios para almuerzos gratis o de costo reducido, estén poniendo a sus familias en riesgo de ser arrestadas y deportadas”.

La otra norma

Desde 1996, rige en todo el país la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes (IIRIRA, por sus siglas en inglés). De carácter federal, solicita a los empleados locales de Gobierno que cooperen con la Oficina de Inmigración (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Para acatarla, los Gobiernos deben utilizar recursos humanos y financieros propios, y en este punto, las autoridades locales suelen anclarse para fijar una posición.

La cualidad de ciudad, condado o estado santuario es una construcción para definir el grado de “amabilidad” de esos lugares con los indocumentados, dado por la existencia de organizaciones de ayuda a inmigrantes, iglesias, etc. Solo cuando se promulgan ordenanzas, resoluciones y leyes, esa cualidad adquiere un viso formal.

Un trabajo de Univisión Noticias indica que en Estados Unidos hay más de trescientos ciudades y condados con algún tipo de política de “santuario” y que al menos treinta y seis estados y el Distrito de Columbia están considerando legislaciones referidas al tema, la mitad para promoverlas, como California y Massachusetts, y otro tanto para prohibirlas.

La condición de santuario ha enfrentado a autoridades municipales, estatales y federales, sobre todo, desde la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada el 25 de enero, según la cual se retirarían los fondos federales a aquellas comunas que no colaboren con ICE en la detención de indocumentados. Pero tres meses después del lanzamiento de la orden, el juez William Orrick III, de San Francisco, California, suspendió los efectos de ese decreto, argumentando que el mandatario se había excedido en sus funciones y que estaba utilizando los fondos federales como un arma. El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, dijo que el magistrado se había vuelto loco.

En el ínterin, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le quitó al condado de Travis un millón y medio de dólares, en el marco de la disputa con la alguacil Sally Hernández, quien ha promovido que sea el Gobierno federal el que haga cumplir las leyes de inmigración y que todos los delincuentes sean juzgados de la misma manera por la justicia penal, sin importar su condición migratoria. El gobernador fue más lejos y propuso que Donald Trump cortara los fondos a todas las ciudades, condados y estados santuario, con lo que recaudaría 20,000 millones de dólares que podría destinar a la construcción del muro en la frontera con México. Pero esa es otra polémica, de la que también depende el futuro de millones de inmigrantes

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