Las FARC-EP entregan sus armas, pero la gran batalla es ahora política

Las FARC-EP entregan sus armas, pero la gran batalla es ahora política

El presidente colombiano Juan Manuel Santos en la ceremonia de la Firma de la Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Gobierno de Chile, 26 de septiembre de 2016 por Creative Commons (CC BY 2.0).

El presidente colombiano Juan Manuel Santos en la ceremonia de la Firma de la Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Gobierno de Chile, 26 de septiembre de 2016 por Creative Commons (CC BY 2.0).

David Guzmán Fonseca- El pasado 26 de junio de 2017, en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, al oriente de Colombia, se realizó la entrega definitiva a los enviados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de las últimas cinco armas que quedaban en manos del grupo guerrillero activo más viejo del continente americano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Con este acto protocolario se llegó a un total de 7,132 armas individuales.

Luego de casi media década de negociaciones entre el Gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y los dirigentes de las FARC-EP, se dio el paso oficial del grupo guerrillero de la lucha armada a la lucha política, y como declaró el presidente: “Hoy es el día en que las armas se cambiaron por las palabras”. Sin embargo, este camino hacia la paz y la lucha política ha estado plagado de múltiples obstáculos, y aún enfrenta muchos más a futuro. 

Para empezar, si bien el proceso de paz ha contado con el apoyo incondicional de la comunidad internacional y le hizo merecedor al presidente colombiano del Premio Nobel de Paz en 2016, el referendo que se llevó a cabo en octubre de ese mismo año, y por medio del cual se buscó legitimar popularmente lo pactado, lo ganaron por un pequeño margen aquellos que no apoyaban lo negociado durante varios años en La Habana, Cuba. El triunfo del NO fue un golpe durísimo propinado al proceso por una coalición en la que se unieron las iglesias cristianas, grupos conservadores y el aún popular expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con su partido Centro Democrático.

Durante todas las negociaciones, Uribe se convirtió en una de las figuras políticas más críticas al proceso al considerar que en este se proveía inmunidad a actores que habían cometido violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario. Igualmente, dentro de los círculos más conservadores comenzó a girar la idea de que en los acuerdos se incluía una ideología de género —que, según ellos, aceptaba y promovía orientaciones sexuales no tradicionales— y una nueva definición de familia. Este último punto creó un campo común para que el expresidente Uribe y los sectores más religiosos formaran una coalición de facto que se impuso en todas las encuestas sobre los pronósticos positivos para el sí. 

Después del debacle del referendo, el presidente aceptó la derrota y decidió hacer algunos pequeños cambios al acuerdo, aunque en un acto más sobrio, el 24 de noviembre de 2016, firmó los acuerdos sin acudir al voto popular.

En este momento empezó la movilización de los guerrilleros hacia las veintisiete zonas veredales donde se concentrarían los desmovilizados y donde se haría la entrega del armamento durante los siguientes seis meses. Aunque el cronograma inicial establecía que la entrega de armas tenía en un plazo máximo de ciento ochenta días (seis meses) después de la firma del acuerdo, el presidente anunció que tomaría veinte días adicionales.

Aun así, los retos del proceso no terminan con la entrega de armas por parte de las FARC-EP a las Naciones Unidas a finales de junio de 2017. Si bien la entrega de las más de siete mil armas debería ser muestra suficiente para que la sociedad colombiana confiara en el proceso, una encuesta revelada el 29 de junio (tres días después del desarme) muestra que un 67.2% de los encuestados no cree que el desarme ni las desmovilización de las FARC vayan a conducir a la construcción de una paz estable y duradera. Esto va de la mano de la caída de la aprobación del presidente Santos, quien, según una encuesta publicada a principios de julio de 2017, cuenta con un 20% de aprobación.

Adicionalmente, a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, el panorama se complica aún más. Por un lado, los partidos que han entrado en la coalición de Gobierno, y que en parte han permitido que las leyes necesarias para la implementación del acuerdo de paz sean aprobadas en el Congreso, parecen estar saliendo de la unidad y buscando sus propias opciones. Al mismo tiempo, los movimientos y partidos de derecha parecen estar tomando una mayor fuerza, especialmente bajo el impulso de los grupos cristianos cada vez más politizados y de un expresidente Uribe que continúa siendo altamente popular en gran parte del país (cuenta con un 46% de aprobación).

Siendo así, nunca se había recorrido tanto en el camino hacia una paz estable y duradera después de más de media década de conflicto con la FARC-EP. El que esta agrupación guerrillera esté lista para dejar las armas y hacer política es un progreso inmenso, pero aún queda por ver si lo que está por venir en una tierra cada vez más polarizada se convertirá en la prueba más importante que debe enfrentar Colombia para consolidar un nuevo país.

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