Los millones de Pinochet

Los millones de Pinochet

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [CC BY-SA 3.0 cl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cl/deed.en) via Wikimedia Commons

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [CC BY-SA 3.0 cl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cl/deed.en) via Wikimedia Commons

Ana Stollavagli- A once años de la muerte del cruel dictador chileno, quien alguna vez se definió como “el general de los pobres”, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime, ordenó la restitución a su familia de veintitrés inmuebles, vehículos y cuentas bancarias, estimados en casi seis millones y medio de dólares; si bien el total de bienes incautados asciende a más de diecisiete millones de dólares.

Esos valores fueron embargados en 2004 al general Augusto Pinochet —acusado de violaciones gravísimas de los derechos humanos—, en el marco de la investigación por el denominado Caso Riggs y el presunto enriquecimiento ilícito del militar y sus allegados. Ahora se los devolverán a sus herederos, no porque se crea firmemente en la inocencia del fallecido, sino porque la acción penal prescribió por el tiempo transcurrido.

Todo empezó en Estados Unidos

En 2004, una subcomisión del Senado norteamericano que investigaba el financiamiento terrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, descubrió cuentas con nombres falsos en el desaparecido Riggs Bank, que pertenecían al expresidente de facto chileno, su esposa Lucía Hiriart y algunos funcionarios chilenos, con un saldo de más de veintiún millones de dólares (también se hallaron cuentas del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, al mando del Gobierno de su país desde el golpe de estado ocurrido el mismo año que el de Chile, en 1979).

Según el informe estadounidense presentado por el senador demócrata Michigan Carl Levin, en 1998 el Riggs diseñó una operación financiera para que Pinochet pudiera desviar 1,600,000 dólares de Londres a Washington y eludir, así, el bloqueo ordenado por el juez español Baltasar Garzón, que investigaba al excaudillo sudamericano por delitos de lesa humanidad. Los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza se presentaron como querellantes, en su condición de ciudadanos, e hicieron posible que por primera vez se investigara la trama de enriquecimiento ilícito de Pinochet y su círculo más cercano, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude fiscal.

En agosto de 2006, la Corte de Apelaciones le quitó los fueros al general, que fue presidente entre 1979 y 1990, y comandante en jefe hasta 1998, y conservaba la inmunidad judicial. Cuatro meses después, Pinochet murió y luego fue sobreseído en la causa por malversación, aunque su viuda, sus cinco hijos, su contador y su albacea siguieron siendo investigados. En 2007, la Corte Suprema benefició a los deudos y reemplazó al funcionario a cargo de las investigaciones, que se cerraron al cabo de nueve años y 388 tomos.

En ese entonces, Rodrigo García, nieto de Pinochet y vocero de la familia, rechazó que su abuelo hubiera cometido algún delito al mantener depósitos bancarios en Estados Unidos y proclamó la inocencia del clan: “Lamento que tras nueve años de investigación se cierre el caso con un velo de duda con respecto del origen del patrimonio. […] Pasamos por grandes acusaciones de todo tipo. Incluso se encarceló a toda la familia, se habló de tráfico de armas, de lingotes de oro. […] Esto siempre fue un tema político”.

Altos oficiales retirados y el exjefe de la Casa Militar fueron imputados: Jorge Ballerino y Ramón Castro Ivanovic (acusados de abrir la primera cuenta de Pinochet, usando el nombre John Long), Sergio Moreno Saravia (quien traspasó al dictador casi veinticuatro mil dólares que correspondían a gastos reservados de la Fuerza), Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Mc Lean y Eugenio Castillo Cádiz (presuntos responsables de distintas gestiones para ocultar dinero y transferirlo a su jefe). Todos ellos, en primera instancia, recibieron una condena de cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos en beneficio de su Comandante en Jefe. Ahora, al ordenar la restitución de los bienes a los Pinochet, la Corte también benefició a los seis militares con la prescripción de la acción penal.

Los actuales querellantes, Hertz y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), anunciaron en junio una apelación por su disconformidad con la sentencia: “Estamos en absoluto desacuerdo con los fundamentos del fallo y la resolución. [...] Todo lo relativo al juicio por el enriquecimiento ilícito de Pinochet [...] y su parentela ha quedado en una impunidad grosera, agraviante para la sociedad chilena, ya que el dictador se enriqueció con el patrimonio de todos nosotros”. 

Las otras deudas

La Justicia, en tanto, continúa la investigación contra la viuda de noventa y cuatro años en la causa Centro de Madres de Chile (CEMA), que es una fundación poderosa creada en 1954 para “proporcionar bienestar espiritual y material a la mujer chilena”, y que ella lideró desde el golpe de Estado hasta agosto de 2016. En ese lapso, CEMA recibió 236 propiedades del Estado, en su mayoría, durante los once años que duró la dictadura sangrienta de su marido.

De acuerdo con lo establecido por las Comisiones de Verdad y Reconciliación y de Prisión Política y Tortura, durante esos años en Chile fueron torturadas 28,000 personas, 3,197 fueron asesinadas y 1,102 continúan desaparecidas. El mayor responsable del terrorismo de Estado al oeste de la cordillera de los Andes dijo alguna vez: “Yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es?”.

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