Violencia en América Latina: no hay signos de mejora

Violencia en América Latina: no hay signos de mejora

Niños hondureños observan mientras se lleva un cadáver del sitio de un homicidio. Comisión Europea DG ECHO, 17 de mayo de 2016 por Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)

Niños hondureños observan mientras se lleva un cadáver del sitio de un homicidio. Comisión Europea DG ECHO, 17 de mayo de 2016 por Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)

David Guzmán Fonseca- Lamentablemente, la violencia en América Latina se ha convertido en un mal endémico. Ya no solo hablamos de los preocupantes números de asesinatos en El Salvador, Honduras o Venezuela, sino que la región se ha convertido, de acuerdo con un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la más violenta de todo el mundo (sin tomar en cuenta las regiones que están en conflicto). El costo anual directo del crimen asciende a 261,000 millones de dólares, cantidad que duplica el promedio de los países desarrollados y equivale al total que la región invierte en infraestructura.

Pero para entender la violencia en América Latina debemos ir más allá de las tasas de homicidios, y considerar que en la región han surgido nuevos mecanismos de discriminación y exclusión que promueven la violencia y la desigualdad. Si bien las condiciones en ciertos países han mejorado, otros fenómenos toman fuerza y, lamentablemente, aún tenemos tasas de homicidio cuatro veces mayores a las del promedio mundial (24 asesinatos por cada 100,000 habitantes).

De acuerdo con InsightCrime, El Salvador logró disminuir su tasa de homicidios de forma significativa en comparación con el año pasado (de 104 a 81.2 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2016), pero sus niveles de violencia siguen siendo extremadamente altos, incluso si se los compara con Venezuela y Honduras. Los dos países tienen tasas de 59 por cada 100,000 habitantes (18,230 asesinatos en Venezuela y 5,154 asesinatos en Honduras en el año 2016), lo que representa el doble del promedio de la región y más de ocho veces el promedio mundial.

Es necesario aclarar que en el caso de Venezuela, estos niveles podrían ser superiores. El Observatorio Venezolano de Violencia reportó que en el 2016, el número de homicidios fue de 28,479, lo que significa una tasa de 91.8 por cada 100,000 habitantes. La diferencia se explica con el método de clasificación del Gobierno venezolano de lo que se considera un homicidio. Sin embargo, hay casos que muestran mejoras significativas, como Colombia, que en el año 2016 presentó la menor tasa en más de cuarenta años, luego de la firma de un acuerdo de paz con las FARC en el 2016 (24.4 por cada 100,000 habitantes en 2016). 

Pero el panorama se muestra aún más sombrío si se consideran las nuevas formas de violencia, entre las que destacan los feminicidios, los cuales se han doblado en lo que va del 2017 y quedan impunes en un 90% de los casos. Es igualmente preocupante el fortalecimiento de ciertas prácticas discriminatorias. Según Amnistía Internacional, la retórica del presidente estadounidense Donald Trump en contra de los inmigrantes o ciertos grupos étnicos y raciales parece calar entre los dirigentes de la región.

Claro ejemplo de lo anterior es el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente argentino Mauricio Macri a finales de enero de 2017. Por medio de este decreto se aceleró el proceso de deportación de los inmigrantes en Argentina que cometen delitos y también se buscó evitar el ingreso al país de personas que los hubieran cometido en el pasado. Macri tomó la decisión de forma acelerada y, a pesar de no contar con el apoyo de la mayoría del congreso, se reglamentó una ley de 2003 que había sido ampliamente discutida durante más de diez años.

Los presidentes de Bolivia, Paraguay y Perú criticaron fuertemente el decreto al considerar que las nuevas reglas están enfocadas a la discriminación en contra de sus connacionales, quienes constituyen una gran parte de los extranjeros que viven en Argentina. Las declaraciones recientes de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, han destacado estos tintes xenófobos: “Acá vienen ciudadanos peruanos y paraguayos, y se terminan matando por el control de la droga. Muchos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen ya sea como capitalistas o como mulas, como chóferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico”.

Por otra parte, a pesar de que en Venezuela hay pequeñas señales positivas —como la liberación de algunos presos políticos (siete de los 103 tras las rejas)—, el encarcelamiento y la condena del político opositor Leopoldo López evidencia los mecanismos con los que se controla a la oposición. La ausencia o inexistencia de alimentos y medicamentos básicos se consolida como un tipo de violencia que amenaza la seguridad de millones de venezolanos. El hambre y la ausencia de derechos políticos también han generado efectos sobre las tasas de homicidios, ya que estos se han convertido en un medio (claramente, no el más indicado) para obtener muchos de los bienes y servicios que el Gobierno es incapaz de proveer. 

De cualquier forma, en América Latina la violencia en el 2016 no pareció haber dado tregua, aparte de los pocos casos alentadores. Honduras, El Salvador y Venezuela siguen teniendo las tasas de homicidios más altas de la región y del mundo, y han surgido nuevas formas violentas en todo el continente. Algo que debe quedar claro es la relación entre este fenómeno y los niveles de pobreza y desigualdad que aún imperan en América Latina. La falta de oportunidades y la ausencia de Gobiernos que las creen han generado la (falsa) concepción de que la violencia —ya sea a través de las armas o la discriminación— es la única vía para conseguir las cosas.

Con la llegada del presidente Donald Trump, la situación parece tomar un nuevo tinte: ya no solo nos matamos en las calles, sino que tratamos de culparnos los unos a los otros por la falta de oportunidades que los Gobiernos son incapaces de crear.

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