La vida del obrero de campo: ¿cómo será el futuro?

La vida del obrero de campo: ¿cómo será el futuro?

Un grupo de obreros recoge batatas dulces en una granja de Mechanicsville, Virginia. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 20 de septiembre de 2013 por Creative Commons (dominio público)

Un grupo de obreros recoge batatas dulces en una granja de Mechanicsville, Virginia. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 20 de septiembre de 2013 por Creative Commons (dominio público)

Omar Pérez Morales- Uno de los argumentos de las políticas migratorias actuales del Gobierno federal de los Estados Unidos es que la fuerza laboral inmigrante —la conformada por mexicanos en específico— ocupa puestos de trabajo en diferentes sectores productivos que supuestamente deberían ocupar los nativos estadounidenses. Sin embargo, un informe publicado por el Centro para el Desarrollo Global y la Asociación para una Nueva Economía Americana muestra la realidad de los efectos económicos de la inmigración y describe el proceso de reclutamiento de la mano de obra inmigrante.

Dicho informe se enfoca en la industria agrícola de Carolina del Norte, y más específicamente, en la North Carolina Growers Association (NCGA), organización formada en 1989, que proporciona permisos temporales a inmigrantes campesinos para suministrar mano de obra a las granjas de Carolina del Norte. La NCGA es el mayor usuario de la nación del programa de trabajadores invitados H-2A, el cual está diseñado para trabajadores agrícolas. Bajo los reglamentos de ese programa, “se debe presentar una solicitud al Departamento de Trabajo de los EE. UU. que demuestre que ha reclutado activamente a los nativos de EE. UU”.

De acuerdo con el reporte, cada año, durante el periodo comprendido entre 1998 y 2012, hubo al menos 130,000 desempleados nativos de Carolina del Norte. De ellos, el número que pidió ser referido a la NCGA nunca fue superior a 268, cifra que se alcanzó en 2011, cuando se contaron 489,095 desempleados. Pero la proporción de desempleados que solicitaron referencias nunca superó el 0.09%.

Estas cifras describen la baja disposición de los nativos para tomar trabajos agrícolas incluso antes de que se ofrezcan a los trabajadores extranjeros. Esto significa que el estudio no evidencia ningún tipo de competencia con los trabajadores extranjeros. Los datos muestran que la disposición de los nativos es casi nula, ya que cuando se remiten a la NCGA, se les contrata casi sin excepción. Entre 1998 y 2011, se contrató al 97% de los solicitantes referidos, pero se observó que no permanecían en sus puestos de trabajo. En 2011 se contrataron 245 personas de 268 que fueron referidas, pero solo 163 (66.5%) solicitantes se presentaron a trabajar desde el primer día. Peor aún, solo siete duraron hasta el final de la temporada de cosecha.

En 2011, la NCGA buscaba alrededor de 6,500 trabajadores. Se observa que incluso si todos los solicitantes referidos hubieran sido contratados y estos hubieran terminado la temporada de crecimiento, solo se habría llenado el 4.1% de las franjas horarias disponibles. Como consecuencia, la gran mayoría de los trabajadores de las fincas NCGA son mexicanos con visa H-2A, quienes sí permanecen en el empleo que los nativos abandonan (cerca del 90% sigue trabajando después de cinco meses, comparado con menos del 10% de los trabajadores nativos).

El argumento en contra de este análisis es que, por definición, los estadounidenses buscan trabajos donde se les ofrezca un salario más alto.

El mercado de trabajo analizado se caracteriza por que los empleadores solo utilizan mano de obra legal, lo que en virtud de la norma H-2A significa que tienen que pagar el mismo salario a los trabajadores nativos y no nativos. Bajo esa norma, los estadounidenses no están solicitando estos puestos de trabajo y prefieren evitarlos. Pero es posible que si H-2A no existiera, el salario vigente para el trabajo agrícola se elevaría y atraería a más trabajadores nativos. Además, si los salarios aumentaran demasiado, estas empresas no serían rentables y todos los empleos desaparecerían. Por ejemplo, si se aumentara el salario de la recolección de pepinos de 9.70 a 19.40 dólares por hora, sería imposible para los agricultores cultivar pepinos de manera rentable, ya que el costo anual de la mano de obra de los agricultores por acre sería demasiado alto.

Petición al Congreso

El Departamento de Seguridad Nacional ha presentado dos memorandos con los planes del Gobierno de Donald Trump para aplicar de manera más agresiva las leyes de inmigración, lo que podría conducir a un aumento masivo en el número de personas detenidas y deportadas.

Larry Wooten, presidente de la Oficina Nacional de Agricultura, dijo que la nueva política subraya “la urgencia de seguir presionando al Congreso para que resuelva el problema de inmigración”. Además, añadió que el 85% de los obreros del campo son latinos, “y no veo que los obreros americanos hagan fila para ocupar sus puestos”.

Con los representantes de los agricultores, Wooten se reunió en Washington en las oficinas del senador Richard Burr, con el senador Thom Tillis y con los representantes estatales, George Holding, David Rouzer, Ted Budd y Mark Meadows, todos republicanos, para discutir la necesidad de la reforma migratoria. “El primer punto tuvo que ver con la seguridad fronteriza, que todos creemos importante”, dijo Wooten. “La próxima etapa será conseguir un programa de trabajadores huéspedes que les proporcione seguridad y legalidad para ingresar al país. La tercera es una cierta resolución para el ajuste de la situación de los trabajadores indocumentados, que les permita permanecer aquí y trabajar si son buena gente”.

Wooten señaló, además, que cuando se difundieron los planes de Trump de encontrar, detener y deportar de manera más agresiva a las personas que están en el país ilegalmente, se supo que la Oficina Agropecuaria recibió llamadas de los agricultores, quienes se manifestaron “inquietos acerca de lo que podría suceder con los trabajadores indocumentados”.

Fuerza laboral extranjera

·       De los 80,000 trabajadores agrícolas en Carolina del Norte, Wooten estima que 20,000 son parte del programa H-2A, que permite a los extranjeros ocupar puestos temporales de trabajo agrícola.

·       Wooten dijo que aproximadamente 40,000 de los 60,000 trabajadores restantes se encuentran de manera ilegal en el país, aunque muchos han permanecido en Carolina del Norte durante más de una década.

·       Wooten cree que el Congreso debería aprobar una legislación que permita a estos trabajadores, si cumplen con las leyes y pagan impuestos, “presentarse e identificarse adecuadamente, además de recibir autorización para permanecer y seguir contribuyendo a la economía de Carolina del Norte”.

·       Tanto Wooten como Peters aclararon que ellos no abogan por una solución que permita la ciudadanía a los trabajadores que entraron ilegalmente en el país, sino por otorgarles un estatus de trabajo legal que se extienda más allá de una temporada.

Los trabajadores contratados bajo el programa reciben el salario de efecto adverso, que es el salario mínimo establecido por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para los trabajadores H-2A. Ese salario subió en Carolina del Norte de 10.72 dólares por hora en 2016, a 11.27 dólares en 2017. Los agricultores de Carolina del Norte están obligados a pagar a sus trabajadores temporales salarios más altos que en muchos de los estados cercanos, incluidos Carolina del Sur, Tennessee y Georgia. La tasa de salario de efectos adversos para 2017 también es 11.27 dólares por hora en Virginia.

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