Los otros expulsados

Los otros expulsados

Una familia de ascendencia japonesa espera su traslado por autobús a un campo de internamiento en 1942. Dorothea Lange (1895-1965), la Administración Estadounidense de Archivos y Récords por Creative Commons (domino público)

Una familia de ascendencia japonesa espera su traslado por autobús a un campo de internamiento en 1942. Dorothea Lange (1895-1965), la Administración Estadounidense de Archivos y Récords por Creative Commons (domino público)

Ana Stollavagli- Seguramente, muchos lectores habrán visto en estos meses el video viral de la entrevista de Jorge Ramos a Janed Taylor, en el que el supremacista blanco, editor de American Renaissance (‘Renacimiento americano’), afirma cosas tales como “Tenemos que poder decirles a todos los que no sean europeos: te deseamos el bien, pero este territorio es nuestro”.

El fragmento es parte del documental Hate Rising (‘Sembrando odio’), en el que también se escucha a un líder del Ku Klux Klan contar cómo “patearía en el trasero” a los indocumentados para devolverlos a sus países de origen, o a un grupo de neonazis celebrar la vigencia de sus ideas.

El odio a los inmigrantes no es nuevo en esta nación que, como todas las del continente americano, fue forjada por millones de hombres y mujeres venidos de muy lejos a estas tierras ya habitadas por nativos. Y como todas estas naciones, tiene manchas en su historia: algunas muy conocidas, como la esclavitud, y otras no tanto, como el tema del que trata esta nota.

En la campaña, en la juramentación, en el Congreso y en cada entrevista periodística, Donald Trump basó su discurso en el supuesto peligro que encierran “los extranjeros sin permiso” (y algunos autorizados, también), para la seguridad y la estabilidad laboral y económica de los estadounidenses. Y en esa línea se inscribieron sus decretos migratorios, uno de los cuales
—el referido a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana— fue frenado en la justicia, vuelto a lanzar con modificaciones y suspendido en una segunda corte federal.

Pero mucho tiempo atrás, hubo otra orden ejecutiva que terminó en el confinamiento de miles de personas, y que The Washington Post rescató de los archivos de la historia.

Antes de los latinos y los musulmanes fueron los asiáticos

En 1868, el Gobierno de Estados Unidos acordó con el de China el ingreso irrestricto de inmigrantes de ese país, que rápidamente se emplearon en la construcción de ferrocarriles y en la explotación de minas de carbón. No pasó mucho tiempo hasta que entre los trabajadores locales se instaló la idea de que “la competencia china” impedía que sus salarios aumentaran. Como los mineros orientales no acompañaron la exigencia de un incremento salarial, fueron atacados brutalmente y veintiocho de ellos resultaron asesinados en 1885. Como las agresiones no cesaron, se enviaron tropas federales y hasta se declaró el estado de sitio por los graves disturbios. Tres años después, a través del Tratado de Bayard-Zhang (no ratificado), el Gobierno norteamericano puso restricciones a la inmigración proveniente de China, y en 1892, con el Acta de Geary, se prohibió la entrada a ciudadanos de ese país y se obligó a los residentes del mismo origen a llevar consigo los documentos migratorios, a riesgo de deportación.

No mucho después, la mira se extendió a otros extranjeros, como los japoneses, que habían empezado a llegar a estas tierras en la década de 1880.

Para 1905, tal era el sentimiento xenófobo, que se formó la Asiatic Exclusion League (Liga de Exclusión Asiática), una organización supremacista blanca que se extendió por todo el país hasta Canadá. La liga responsabilizaba a los provenientes de Japón, Corea, India y China de robarles sus fuentes de empleo y aceptar faenas por poca paga. Sin embargo, esos trabajadores, en su mayoría, no hablaban inglés y no calificaban para sus puestos. Algo similar a lo que hoy sucede con muchos jornaleros rurales extranjeros, que cumplen funciones que los locales no están dispuestos a aceptar.

En 1913, además, una ley de California prohibió a los asiáticos ser propietarios y echó de sus tierras a los que no cumplían los requisitos para ser ciudadanos en aquella época, o sea, a todos aquellos que no eran blancos o descendientes de africanos. Unos años más tarde, los hospitales de Sacramento se negaban a atender a pacientes japoneses.

De Pearl Harbour a Hiroshima

Desde fines del siglo XIX, Japón era una potencia en Oriente a fuerza de territorios anexados, incluida parte de China en 1937. Tres años después, se constituyó el eje Roma-Berlín-Tokio, con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y se produjo la invasión de Indochina. En 1941, el presidente Franklin D. Roosvelt respondió con duras sanciones comerciales a Japón, que el 7 de diciembre rompió relaciones diplomáticas y atacó la base norteamericana de Pearl Harbour, lo que significó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Durante todo este tiempo, había ido creciendo en el país un fuerte sentimiento antijaponés, que tuvo su máxima expresión en la firma de una orden ejecutiva de Roosvelt para sacar a japoneses norteamericanos de la Costa Oeste y confinarlos en una decena de campamentos rodeados de alambres de púa y con torres de vigilancia. Esto, para evitar el espionaje y el sabotaje en tiempos de guerra. El FBI, en tanto, detuvo a 5,000 inmigrantes japoneses y más de 2,000 fueron deportados.

Una encuesta de la Oficina de Guerra, en 1942, determinó que más del 70% de los consultados desconfiaba de los extranjeros, pensaba que perjudicarían a Estados Unidos y aceptaba su aislamiento en campos de concentración.

El sondeo en el sur de California encontró que el 73% de los encuestados propiciaba ese encierro para los japoneses no ciudadanos, y el 35%, para los que tenían la doble nacionalidad.

Como con los inmigrantes de ahora, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) salió en defensa de los japoneses. Pero la Corte de Justicia votó por seis a tres que la exclusión masiva obedecía a necesidades militares.

En 1944, el reelecto presidente Roosvelt anunció el fin de estas políticas de exclusión y los campamentos se cerraron un año después.

Para entonces, más de 120,000 japoneses habían sobrevivido en establos y barracas al calor del desierto y el frío de la nieve, y también habían perdido sus propiedades, ya que no podían pagar los impuestos y sus cuentas bancarias estaban inhabilitadas. En 1948, una ley les permitió reclamar una indemnización, y casi dos décadas después solo pudieron cobrar el 30% de lo que les correspondía, aunque en los noventa recibieron algo más de dinero.

Aprender la lección

Estados Unidos derrotó a Japón cuando, en agosto de 1945, arrojó dos bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y causó 225,000 muertos.

Nadie duda de ese error y horror, aunque, salvando las distancias, podría no haber sido el único. El presidente de la Liga de Ciudadanos Japoneses-Americanos (JACL), Gary Mayeda, rememorando la expulsión de sus compatriotas hace setenta y cinco años, declaró a The Washington Post: “Observando el liderazgo y la política actual, desconcierta pensar que esto podría pasar de nuevo”.

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