‘Dreamers’ a cambio de medidas migratorias extremas: chantaje como negociación política

‘Dreamers’ a cambio de medidas migratorias extremas: chantaje como negociación política

Foto: Immigration Impact

Foto: Immigration Impact

Francisco Machalskys- El anuncio no debería tomar a nadie por sorpresa en lo absoluto, pues el propio presidente Trump lo había anunciado apenas semanas atrás, luego de anunciar la derogación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA): negociaría la legalización de los casi 800,000 dreamers a cambio de un paquete de medidas migratorias reforzadas. Al momento de su anuncio, los líderes demócratas del senado Charles Schumer y Nancy Pelosi advirtieron que no aceptarían peticiones que representaran un chantaje, como el financiamiento del muro fronterizo con México, por ejemplo.

Se equivocaron. El presidente Trump hizo finalmente formal su entrega al Congreso de los aspectos a negociar a cambio de brindar estatus legal a los dreamers, a través de lo que los comentaristas han hecho llamar “una lista de deseos navideños en octubre”: catorce páginas de exigencias, donde la construcción del famoso muro, además de encabezar el documento —pese a lo advertido por Schumer y Pelosi— sería de carácter inminente.

Complementan el listado una reforma migratoria profunda, en la que no se menciona la posibilidad de legalizar a los millones de indocumentados limpios de récord criminal y que son contribuyentes tributarios; así como la inversión de honorarios por conceptos de trámites migratorios para reforzar la seguridad fronteriza, al igual que la deportación acelerada de menores recién llegados, pese a que esto viole una ley de 2008 que pone en manos de los jueces la decisión de su destino, y la encarcelación de extranjeros cuyas visas expiraron y se hayan quedado en el país.

Como si fuera poco, el presidente Trump exige además la contratación de 10,000 policías, 370 jueces de inmigración, 300 fiscales federales y 1,000 abogados, dedicados a agilizar los 600,000 casos de inmigrantes indocumentados pendientes de solventar, así como la puesta en marcha de un programa informático —E-verify sería su nombre— que monitoree a toda empresa que pretenda contratar a personas indocumentadas; esta última propuesta como paso previo a la concreción de una de las medidas que formaron parte de sus promesas electorales: el retiro de fondos a las llamadas ciudades santuario.

Estas demandas, que para la representación democrática del Congreso “amenazan con echar abajo la promesa presidencial de proteger a los dreamers más allá de las posturas partidistas”, contaron con la coautoría de Stephen Miller, alto consejero de Gabinete, y del fiscal general Jeff Sessions, agresivos partidarios en la tarea de acabar con la inmigración ilegal a cualquier precio.

Durante un encuentro con la prensa, el director legislativo presidencial Marc Short declaró que “es momento de que el Congreso adopte estas prioridades migratorias o, de otro modo, el problema se incrementará”. Asimismo, autoridades responsables de la seguridad limítrofe revivieron el ya conocido discurso de que este paquete de medidas viene a proteger a los trabajadores americanos de la competencia desleal encarnada por un “flujo sin final de inmigrantes indocumentados al país”.

Por su parte, la fracción legislativa hispana del Congreso, compuesta por 28 representantes y dos senadores demócratas, criticó duramente las “prioridades legislativas del presidente Trump”, y amenaza con oponerse a todas las iniciativas en trámite hasta tanto no se apruebe de manera certera un alivio migratorio a los dreamers, a quienes el presidente Trump pretende usar a manera de rehenes como pasaporte para lograr sus aspiraciones en materia migratoria; no en balde, este conjunto de medidas ha sido perseguido por los cuadros más radicales del conservadurismo desde hace décadas.

Schumer y Pelosi, veedores previos de toda la problemática en torno a los dreamers, dejaron claro en una declaración conjunta que “el Gobierno no puede estar hablando en serio —en este caso el presidente Trump— si pretende ayudar a estos jóvenes a cambio de unas exigencias que representan un anatema para ellos, para la comunidad de inmigrantes y para la gran mayoría de los estadounidenses”, a lo que agregaron que “si el presidente intentó ser serio en sus intenciones de ayudar a los dreamers, su equipo no parece haber obrado con toda la buena fe”.

Pese a todo, el presidente Trump continúa ejerciendo presión para lograr la mayor parte de sus propuestas en esta materia, al menos a través de su cuenta de Twitter. Al tiempo que en San Diego, California, se muestra el boceto de ocho prototipos de muro, Trump continúa su lucha por conseguir la aprobación de al menos 60 senadores. Es poco probable que consiga convencer a alguno de los 48 senadores demócratas, y cada vez se le hace cuesta arriba conseguir el sí incondicional de los 52 senadores republicanos restantes. En ese sentido, el senador demócrata por Illinois Dick Durbin comentó a manera de mofa: “Pensé que era México el que iba a pagar por el muro. Ahora el presidente nos dice que serán los dreamers”.

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