Ciudades santuario, la última esperanza para inmigrantes indocumentados

Ciudades santuario, la última esperanza para inmigrantes indocumentados

Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, 2 de febrero de 2010 por Wikimedia Commons (dominio público)

Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, 2 de febrero de 2010 por Wikimedia Commons (dominio público)

Cristina Jácome- Desde ya, varias de las conocidas como ciudades santuario de los Estados Unidos se están preparando para una batalla, en el caso de que el presidente electo Donald Trump cumpla con la promesa de deportar a dos o posiblemente a tres millones de indocumentados. Así lo declaró en su campaña electoral y recientemente lo confirmó en una entrevista en el programa de televisión 60 minutes.

La palabra santuario generalmente se refiere a las reglas que limitan a los Gobiernos estatales y locales a alertar a las autoridades federales sobre personas que están en el país de forma ilegal. Es decir, estas comunidades santuario dejan de involucrarse en los esfuerzos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al permitir salir a inmigrantes indocumentados después de cumplir su sentencia, en vez de detenerlos para transferirlos a las autoridades federales de inmigración.

Estas políticas fueron criticadas recientemente y salieron a la luz durante los debates presidenciales, después de la muerte de Kate Steinle. La joven murió en San Francisco como consecuencia, presuntamente, de los disparos de un inmigrante y delincuente indocumentado, que, además, había sido deportado a México hasta en cinco ocasiones. La policía de San Francisco lo liberó de la custodia, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pidió que lo detuvieran hasta que llegaran los oficiales de ICE.

Sin embargo, después de las elecciones presidenciales de noviembre 2016, San Francisco pasó una resolución que los medios de comunicación calificaron de paso simbólico para formalmente oponerse al presidente electo Trump. Esta resolución, que se aprobó con nueve votos a favor y cero en contra, reafirma el compromiso de la ciudad con los inmigrantes. En el documento puede leerse: “Sin importar las amenazas hechas por el presidente electo Trump, San Francisco continuará siendo una ciudad santuario. No daremos las espaldas a los hombres y mujeres de otros países que han ayudado a hacer que esta ciudad sea excelente y que representan un tercio de la población. Este es el Golden Gate, aquí construimos puentes, no muros”.

Además de este tipo de resoluciones, muchos alcaldes de grandes ciudades como Chicago, Nueva York, Baltimore, San Francisco o Boston, entre otras, han declarado que continuarán resistiéndose a usar la fuerza de la ley local para cumplir con la ley federal de inmigración. De acuerdo a un mapa con información de ICE, el Centro de Investigación PEW y el Centro de Estudios Migratorios, California es el estado que tiene más políticas de santuario, especialmente en condados como Santa Clara y Los Ángeles.

En cambio, Texas y Arizona, que también tienen poblaciones de inmigrantes indocumentados, han tomado medidas para prevenir la formación de estas ciudades santuario. Por ejemplo, Arizona tiene un gobernador y un fiscal general que han amenazado con desfinanciar este tipo de ciudades y que en los últimos cinco años han tratado de poner en marcha leyes de estado antisantuario varias veces. En Texas, sin embargo, pueden estar las cosas por cambiar. Si bien no hay ciudades santuario, los condados urbanos de este estado se están haciendo, con el tiempo, más democráticos. Tanto así, que el condado Travis votó por una alguacil, Constable Sally Hernández, cuya plataforma era hacer de Austin la primera ciudad santuario de este estado del sur. 

La pregunta entonces es: ¿por qué tantas ciudades y agencias de las fuerzas del orden locales deciden no involucrarse con la agencia federal de inmigración? Algunas agencias argumentan que estas acciones conducen a la desconfianza entre la comunidad y la policía locales, porque las víctimas y los posibles testigos no reportarían los crímenes por miedo a ser entregados a las autoridades federales debido a su estatus migratorio.

Además, la desconfianza dentro de las agencias locales y estatales creció después de que el programa del DHS fallara en priorizar las deportaciones de inmigrantes convictos, y las agencias, a su vez, lo vieron como un drenaje de recursos que muchas veces les faltaban. Por estas razones y algunas más, de acuerdo con el Centro de Recursos Legales del Inmigrante (The Immigrant Legal Resource Center), existen cinco estados, 365 condados y 37 ciudades con políticas que limitan la cooperación con las autoridades de la inmigración federal.

Estos lugares santuario están en la mira de Donald Trump, quien ha prometido una guerra con amenazas de cortar todo el dinero federal a las comunidades que rehúsen cooperar con las autoridades federales en cuanto al cumplimiento de las leyes de inmigración. Esta idea de Trump ya fue contemplada en el pasado. En el 2015, se trató de pasar una ley que hubiese afectado a las ciudades santuario al quitarles los fondos federales si no cooperaban con el Gobierno federal. Esta propuesta fue bloqueada por los demócratas, pero las intenciones del nuevo presidente son las de retomar esta estrategia.

Con este tipo de amenazas, las ciudades se están preparando para lo peor. Recortar los fondos federales a las ciudades santuario requerirá de la acción del Congreso, controlado por los republicanos, y si la ley pasa, a muchas ciudades podría afectarles significativamente.

Por ejemplo, según The Chicago Tribune, en el 2016 la cuidad de Chicago recibió mil millones en dinero federal para financiar la educación temprana infantil, la transportación, iniciativas de salud, asistencia pública y el manejo de desastres. Para el 2017, esperan recibir más de 1,300 millones, pero sin este dinero podría convertirse en uno de los años más difíciles para la ciudad.

Esta situación puede ser una señal de un cambio en la lucha sobre el poder del Gobierno federal, ya que, esta vez, estas ciudades liberales resisten a lo que ven como una intervención del Estado. Muzaffar Chishti, director del Instituto de Políticas Migratorias en la Escuela de Leyes de la Universidad de New York, declaró recientemente al New York Times: “Las ciudades pueden no tener el poder para dar derechos a las personas, pero tienen mucho poder de resistencia, y eso es lo que están demostrando en este momento”. Si es así, el hecho de que estas prácticas continúen puede afectar seriamente a los planes de Trump de deportar a inmigrantes indocumentados, haciendo que sus promesas de campaña a la final no se cumplan. 

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