Venezuela se moviliza pero Maduro se niega a ceder

Venezuela se moviliza pero Maduro se niega a ceder

David Guzmán Fonseca- Venezuela acaba de vivir unas semanas históricas en el acontecer político de los últimos 15 años. El pasado 1 de septiembre, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a los partidos opositores al Gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, logró movilizar a más de un millón de ciudadanos en lo que se denominó la Toma de Caracas para apoyar el referendo revocatorio en contra del presidente Maduro. El tema del referendo revocatorio se ha convertido en el centro de atención de la población venezolana, pero este es tan solo un factor dentro de los muchos problemas por los que atraviesa la nación sudamericana. Por ejemplo, la firma venezolana para la investigación de mercado Datanálisis sostiene que en Venezuela la escasez de alimentos y medicinas alcanza el 80 %. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que en este año la economía venezolana registrará una inflación del 720 %, superior a la ya increíble del 180 % alcanzada en 2015. Y el pronóstico empeora, porque la CEPAL —Comisión Económica para América Latina y el Caribe— prevé que la economía venezolana se contraerá un 8 % para el presente año. Como si esto no fuera suficiente, Venezuela es considerado el segundo país más peligroso del mundo, después de El Salvador, con una tasa de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. El país con la menor tasa de homicidios en América Latina es Chile, con un promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes.

Pero la crisis económica y social del país va acompañada de una crisis política, en la que miembros representativos de la oposición han sido encarcelados y condenados por delitos poco claros. Basta recordar al político Leopoldo López, quien fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Las pruebas en las que se basó la Fiscalía de Venezuela son discursos pronunciados y tuits enviados por López el 12 de febrero de 2014, que, según los fiscales, son una muestra de que él fue el autor intelectual, y por tanto el responsable, de las muertes y de los daños a la propiedad que se produjeron tras la protesta pacífica que tuvo lugar aquel día.

Por otro lado, la Asamblea Nacional, el órgano legislativo en Venezuela, se encuentra bajo el control de la MUD desde diciembre de 2015, lo que muchos esperaban pudiera contrarrestar las medidas económicas y políticas que generan las condiciones para la crisis. Sin embargo, el oficialismo aún preserva el control sobre los órganos judiciales y electorales. En términos prácticos, la Asamblea se encuentra maniatada, puesto que las decisiones que toma son derogadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, el referendo revocatorio ha encontrado sus mayores barreras en las demoras impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

El Gobierno venezolano ha tratado, por diferentes medios, de demorar el proceso del referendo revocatorio. En una ocasión, el CNE determinó que varias firmas dentro de la petición a este proceso habían sido falsificadas, y entre ellas, para sorpresa de muchos  ——por lo inconcebible que resulta—, la del líder de la MUD Henrique Capriles. Asimismo, en julio de este año, el oficialismo intentó que el CNE declarara como ilegal a la MUD y por ende derogarle su carácter político.

A pesar de las demoras, el referendo sigue avanzando, aunque a paso lento, y las manifestaciones multitudinarias reflejan la exigencia popular al CNE de que comience a actuar conforme a lo impuesto por la ley. El temor en este momento radica en que el CNE decida que el referendo tenga lugar después del 10 de enero de 2017.

Si así ocurriera, y de acuerdo con la Constitución Bolivariana, no se convocarían nuevas elecciones presidenciales, sino que asumiría el cargo el actual vicepresidente. En pocas palabras, si el Gobierno de Maduro y el CNE logran su cometido, la revocatoria no permitiría sacar al Gobierno del poder. Esto a pesar de que Datanálisis encuentra que 8 de cada 10 venezolanos está de acuerdo con un cambio de Gobierno.

La protesta del pasado 1 de septiembre fue, sin duda alguna, la manifestación más grande del descontento venezolano por la crisis económica, política y social por la que atraviesa el país. Y el efecto que ha generado ha tenido alcance nacional e internacional.

Por ejemplo, el día 5 de septiembre se coordinaron marchas en diferentes regiones del país para demandar, frente a las oficinas del CNE, que se agilice este proceso. Sin embargo, aunque imponentes, estas marchas no lograron llegar a las oficinas del órgano electoral, en gran medida como consecuencia de que el Gobierno y sus simpatizantes organizaron movilizaciones paralelas para no permitirlo. De producirse una confrontación, el CNE pondría un freno a todo el proceso de referendo y solo se volvería a considerar una vez el Gobierno asegure que el orden ha sido reestablecido.

En el escenario internacional, los venezolanos radicados en el extranjero se han hecho sentir en múltiples manifestaciones. En más de 60 ciudades y capitales del mundo, las protestas se prolongaron durante cuatro días y la diáspora venezolana vivió la Toma de Caracas como si estuviera en su país. En la ciudad de Miami, Florida, en particular en la zona de Doral, donde se ha concentrado un gran número de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su patria, las manifestaciones lograron un gran número de participantes. En las ciudades de Nueva York y Atlanta, los venezolanos también se reunieron en dos ocasiones para apoyar la convocatoria a un referendo revocatorio.

No obstante el momentum descrito por este proceso, el Gobierno se niega a perder el poder. Por un lado, el CNE se ha convertido en la piedra en el zapato de la oposición y posiblemente dilatará el referendo hasta lo indecible, en el más puro estilo kafkiano. Por otra parte, el Gobierno seguirá utilizando la fuerza para negar la posibilidad de salir del poder. Dos ejemplos de ello se vieron en los días posteriores a la Toma de Caracas: por un lado, el Gobierno aprobó 25 millones de dólares en compras de armamentos para controlar manifestaciones; por el otro, algunos encapuchados retuvieron al líder Henrique Capriles por más de cinco horas en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, ubicado en el insular estado de Nueva Esparta, sin ninguna explicación. De esta forma se ve que, aunque la oposición ha logrado ganar importantes batallas, el Gobierno bolivariano no está dispuesto a perder la guerra.

Foto: María Alejandra Mora (CC BY-SA 3.0)

 

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