Proceso de paz en Colombia. Se cierra la negociación y empieza la votación

Proceso de paz en Colombia. Se cierra la negociación y empieza la votación

David Guzmán Fonseca- El pasado 24 de agosto, el Gobierno de Colombia y la cúpula del grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que habían llegado a un acuerdo definitivo sobre el proceso de paz iniciado hace más de cuatro años en La Habana, Cuba. Seis días después, Rodrigo Londoño, líder de las FARC, anunció el cese al fuego "de manera definitiva contra el Estado colombiano". La negociaciones entre ambos bandos han estado marcadas por una demora mayor de lo que cabía esperar, así como por múltiples altibajos y quiebres. Aunque varios de los anteriores Gobiernos colombianos habían intentado entablar negociaciones que desembocaran en la resolución del conflicto, la única que al parecer está a punto de dar resultados fructíferos es la del actual presidente Juan Manuel Santos. El conflicto interno en Colombia se ha prolongado por más de 50 años y ha dejado cerca de 220,000 muertos y 7 millones de desplazados internos.

Con el acuerdo final, se materializarán algunos pactos en áreas tan diversas como las de desarrollo rural, reforma agraria, inclusión social e inversiones en infraestructuras, pero también en temas más polémicos, como los de participación política por parte de este grupo armado, y los mecanismos de justicia y reparación para los miembros desmovilizados. Esos últimos han generado un alto grado de discusión y controversia entre la opinión pública colombiana, debido a que las FARC han estado involucradas en ataques terroristas a la población civil, extorsión, secuestros y asesinatos, y además se han convertido en un eslabón importante en el negocio del narcotráfico.

De acuerdo con los textos revelados tras al cierre de las negociaciones, los jefes del grupo de la FARC tendrán espacios dentro del Congreso para discutir temas referentes a lo pactado en La Habana, pero no podrán votar. A partir de las elecciones de 2018, sus miembros tendrán un mínimo de cinco puestos asegurados en cada una de las cámaras del Congreso –Senado y Cámara de Representantes–, y estos 10 puestos se mantendrán hasta las elecciones de 2022. Esta decisión es una garantía de que del proceso de desarme de las FARC se llega a una grupo con participación política.

Sin embargo, cualquiera de los temas negociados en Cuba solo entrará en vigor una vez que la población colombiana dé su visto bueno: el 2 de octubre del presente año, los colombianos se acercarán a las urnas para votar en un referéndum en el que se les preguntará si están de acuerdo o no con lo pactado. Para que los acuerdos sean válidos, el voto por el debe ganar por mayoría y además con una participación superior al 13 % del censo electoral. De lo contrario, si el no gana o incluso el lo hiciera pero el porcentaje sufragado fuera menor al 13 %, técnicamente los acuerdos serían rechazados.

Es en este frente donde dos expresidentes de Colombia están movilizando a la sociedad en contra de los presentes acuerdos. El expresidente Andrés Pastrana, quien a finales de los noventa inició unas negociaciones de paz que se vieron interrumpidas cuando las FARC secuestraron un avión, y el expresidente Álvaro Uribe (actual senador opositor por el partido Centro Democrático), quien durante sus ocho años de mandato se enfocó en enfrentar militarmente a las FARC, se han convertido en las voces más duras en contra de dichos acuerdos, aduciendo que estos promocionan impunidad y que no otorgan justicia y reparación a las víctimas de las acciones terroristas de las FARC.

El modelo negociado en Cuba de justicia transicional permite que, si los guerrilleros confiesan todos sus crímenes y piden perdón a la víctimas, puedan cumplir penas alternativas –no carcelarias– que estén relacionadas con ayudas a las víctimas. En algunos casos, se establece que ciertos guerrilleros tengan restricciones de movilización, en principio dentro de zonas designadas por el Gobierno para la concentración de miembros del grupo.

Las últimas encuestas de opinión dadas a conocer en Colombia demuestran que la población se encuentra bastante dividida entre el sí y el no. En esta medida, la imagen desfavorable del presidente Santos, que se ubica en un 60 %, se espera que juegue un gran papel en la campaña por el plebiscito que se acerca en el país, en la que cada pequeño detalle puede tener un gran impacto.

Así, después de cuatro años de intensas discusiones y debates, las negociaciones entre los dos bandos han terminado. Tal vez ahora llega la parte más complicada, y es la de convencer a millones de colombianos, aún recelosos de las FARC, de que es justo darle una oportunidad para reintegrarse a la vida civil. Pero, y tal como pasó en la reciente votación por el brexit, los políticos deberán ganarse cada uno de los votos.

Foto: Gobierno de Chile (CC BY 2.0)

 

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