El fin de (algunas) prisiones privadas

El fin de (algunas) prisiones privadas

Ana Stollavagli- Trabajos forzados, comida en mal estado, hacinamiento, aislamiento, ataques sexuales y homicidios: denuncias tan graves como estas se han repetido durante años entre organizaciones que trabajan para mejorar las condiciones de detención en las prisiones de Estados Unidos. En tal sentido, una investigación reciente del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha advertido que en las cárceles privadas hay más contrabando, asaltos y uso de la fuerza que en los presidios gestionados por la Agencia Federal de Prisiones (BOP). Una semana después de dar a conocer la investigación, la fiscal general Sally Yates ha anunciado el final progresivo de las penitenciarías privadas bajo su jurisdicción, porque “no tienen el mismo nivel de servicios correccionales, programas y recursos; no ahorran sustancialmente los costos y no mantienen el mismo nivel de protección y seguridad” que los penales públicos. Pero ¿qué alcance tiene esta medida? De las 146 cárceles del Gobierno federal, en las cuales hay más de 193,000 reclusos, solo 13 son privadas y albergan a convictos que requieren de baja seguridad o son inmigrantes indocumentados. En 2014, sumaban 40,000 presos; en diciembre pasado, 22,600; y para el año próximo serán unos 17,000, cifras pequeñas en comparación con los 2.5 millones de personas privadas de libertad que se contabilizan en Estados Unidos, la mayor población carcelaria del mundo, según la Casa Blanca.

Pero para aquel pequeño número de detenidos en prisiones privadas, en el año fiscal 2014 el Gobierno gastó 639 millones de dólares en pagos a las empresas Corrections Corporation of America (CCA), GEO Group y Management and Training Corp. Estas compañías surgieron en 1983, al amparo del endurecimiento de las leyes criminales; primero, al firmar contratos con municipios, luego con estados (solo veinte no lo hicieron) y, durante la presidencia de Bill Clinton, con la nación.

De acuerdo con la organización Interés Público (In the Public Interest), hasta fines del año pasado, CCA tenía 47 cárceles con capacidad para 68,000 presos, y GEO, 36 unidades, para 44,000, lo que implica que la medida anunciada por el Departamento de Justicia afecta a un porcentaje menor de los centros privados. De hecho, el vocero de CCA, Jonathan Burns, ha indicado que solo se perjudica a 7 % de los negocios de la empresa. Además, ha cuestionado el informe del Departamento de Justicia por tener “defectos significativos”.

Sasha Volokh, experto en leyes, economía y políticas públicas, ha expresado a través de una columna de opinión en el Washington Post que faltan más estudios y que los costos enunciados por el relevamiento oficial son difíciles de comparar, ya que las compañías privadas deben hacerse cargo del total de sus obligaciones, mientras que las empresas públicas pueden canalizar los pagos a través de distintos organismos. También ha objetado otros puntos referidos a la actuación de las autoridades en las cárceles privadas: “Si han confiscado ocho veces más celulares que las prisiones públicas, no significa que en aquellas haya más contrabando, sino eventualmente más inspecciones”.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones dedicadas al estudio y control de las políticas penitenciarias ha celebrado la decisión del Departamento de Justicia de acabar con las cárceles privadas a medida que se venzan los contratos. Marc Mauer, director ejecutivo del Proyecto Sentencia (The Sentencing Project), ha afirmado: “Fue una mancha en nuestra Democracia haber entregado esa importante responsabilidad a entidades privadas”. En tanto, Jamie Fellner, exinvestigador de prisiones del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch), ha señalado: “Cuando el Gobierno delega, hace un mal trabajo de supervisión. La Oficina General de Prisiones no exigió las mejores prácticas en los contratos, no los hizo cumplir y no supervisó”.

En 2012, tras analizar 62 contratos con cárceles privadas, Interés Público encontró que 65 % tenía claúsulas que obligaban al Estado a garantizarles una ocupación de 80 % a 100 %, incluso aunque bajaran las tasas de criminalidad, como efectivamente ocurrió en los últimos años y seguiría ocurriendo en los próximos. Las estadísticas oficiales indican que de 1999 a 2010, la población carcelaria estadounidense creció 18 %, pero ese aumento en las prisiones privadas fue de 80 %.

A mediados de los 90, CCA era una de las empresas que mejor cotizaba en la bolsa, y en 2011 registró ganancias por 1,700 millones de dólares. Tras el anuncio de la fiscal Yates, sus acciones se han derrumbado, al igual que las de las otras compañías dueñas de prisiones privadas. George Zoley, director ejecutivo de GEO Group, ha expresado su decepción por la medida del Departamento de Justicia y pidió su revisión, ya que, asegura, “las instalaciones cumplen o exceden los estándares de calidad”. Además, tan solo el cierre de una de sus cárceles, la de Big Spring (Texas), con 3,100 reclusos, afectará a 500 empleados.

Por su parte, la organización latina Presente, que ya había denunciado que algunas cárceles privadas cobraban al año hasta 60,000 dólares por cada detenido, también celebró el fin de los contratos para el ámbito federal, aunque ha indicado que eso no beneficiará a “los miles de inmigrantes encerrados en mazmorras privadas”. Durante años, las asociaciones defensoras de inmigrantes se han quejado por la falta de personal, de atención médica y de seguridad en las prisiones, ocupadas en 80 % por extranjeros (hispanos, en su mayoría) y afroamericanos. Los inmigrantes indocumentados detenidos quedan a disposición del Departamento de Inmigración y Control (ICE), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta la resolución de sus casos. Todavía el 19 de agosto del año en curso, 73 % de ellos permanecía en prisiones privadas, sobre las cuales el Departamento de Justicia no tiene autoridad. Esto significa que la reciente decisión no impactará sobre los indocumentados detenidos.

No obstante, el ICE ha señalado que en los centros privados que utiliza, se hacen “revisiones independientes”, y que esas cárceles son necesarias por la gran cantidad de presos y para proteger los recursos de los contribuyentes, las cuales son las mismas razones que se han esgrimido para levantar decenas de centros de detención privados en gran parte del país, y que seguirán funcionando, pese a la decisión del Departamento de Justicia.

Foto: J.J. Ying (CC0)

 

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