Argentina: la muerte de un fiscal vuelve a cercar a la expresidenta

Argentina: la muerte de un fiscal vuelve a cercar a la expresidenta

Ana Stollavagli- El peor atentado terrorista en la historia de Argentina, en 1994, sigue impune. Pero la reactivación de la pesquisa por la muerte del funcionario que lo investigaba, ocurrida hace un año y medio, pudiera llevar a Cristina Fernández de Kirchner a enfrentar a la Justicia, que le hace seguimiento por presunta corrupción económica. El lunes 19 de enero de 2015, Alberto Nisman debía presentarse ante el Congreso Nacional argentino para explicar los alcances de la denuncia que había anticipado el miércoles anterior. En su informe, el fiscal especial para la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) acusaba a la entonces presidenta de la Nación, a su canciller, a un diputado, a un exfuncionario y a un dirigente de izquierda, de encubrir al Gobierno de Irán –presunto culpable del ataque terrorista– a cambio de ciertos acuerdos comerciales.

Pero la noche anterior a la presentación en el Congreso, Alberto Nisman apareció muerto en el baño de su apartamento. Tenía un tiro en la cabeza, al parecer disparado con una pistola que pudo haber pedido prestada a un técnico informático que lo asesoraba, y con quien compartía una cuenta bancaria en Estados Unidos, no declarada. La investigación por “muerte dudosa” rápidamente se orientó al suicidio, pero en gran parte de la comunidad argentina se había instalado la sospecha de un crimen, lo que motivó marchas masivas por las calles de todo el país.

La misma presidenta Kirchner, que junto con su gobierno había negado la acusación de encubrimiento del atentado, apoyó primero la versión de la muerte voluntaria del fiscal, pero luego se inclinó por el homicidio. Para entonces, la exesposa del fallecido, que es jueza pero no de esta causa, había convocado a un grupo de peritos de parte para determinar que a Nisman le dispararon (de allí que en sus manos no hubiera rastros de pólvora) y que, agonizante, lo colocaron en la posición en la que fue encontrado. La jueza de la causa por la muerte removió a la fiscal actuante y citó a declarar a Horacio Stiuso, exjefe de los servicios de inteligencia argentinos.

Stiuso, apodado “Jaime” en probable alusión al agente James Bond, había trabajado mano a mano con Nisman cuando ambos gozaban de la simpatía de Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández y su antecesor en la presidencia argentina. De hecho, fue Kirchner quien en 2004 nombró al fiscal en la Unidad Especial de Investigación del atentado, para acabar –dijo– con tantos años de impunidad.

Desde el kirchnerismo —nombre con el que se identificó a los seguidores del Gobierno— sugirieron que Stiuso podría estar involucrado en la muerte de Nisman, ya que antes de aparecer sin vida, el fiscal le había hecho reiterados llamados telefónicos que él no respondió. “Tal vez lo dejó solo en esta denuncia sin fundamento”, dijeron. El espía estaba refugiado en Estados Unidos por las amenazas de muerte que se presume recibió desde que fue expulsado del Gobierno de Cristina Fernández por motivos poco claros. Cuando volvió a Argentina, en 2016, declaró ante la Justicia y ante la prensa que los Kirchner manejaban un servicio de inteligencia paralelo para controlar a sus opositores. Era una probable tradición en el organismo de investigación de la Argentina (la ex-SIDE), que se habría mantenido en distintos gobiernos con extorsiones y muertes nunca aclaradas. Respecto de Nisman, Stiuso no dudó de que fue asesinado, pero negó cualquier relación con el supuesto crimen.

Mes y medio después de la desaparición física del fiscal, su trabajo fue desestimado, ya que un juez y dos tribunales consideraron que la denuncia era inconsistente y no ordenaron medidas de prueba. Pero en diciembre cambió el Gobierno y, aparentemente, la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. El 5 de agosto, el juez federal Claudio Bonadio reabrió la investigación iniciada por Nisman. Pidió el expediente archivado, solicitó numerosas escuchas telefónicas y documentos secretos, y citó a exfuncionarios y periodistas. Así que ahora la investigación que él hacía por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA sigue su curso, y también la investigación por la muerte del fiscal.

En 2013, el Gobierno de Cristina Fernández procuró un pacto con Irán y conformó una Comisión de la Verdad, supuestamente, para avanzar en la investigación del atentado. El ataque del 18 de julio de 1994 con un coche bomba, que causó 85 muertos y más de 300 heridos, se atribuyó a Siria y a una conexión local con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero la hipótesis que ganó más peso indica que fue obra del grupo extremista proiraní Hezbollah, con apoyo del Gobierno de Teherán y sus funcionarios en la embajada de Buenos Aires.

Según Nisman, el memorando de entendimiento que se firmó para avanzar en aquel pacto, con cláusulas secretas, fue redactado por Irán. Y en virtud de este, el canciller de Cristina Fernández, Héctor Timerman, le habría pedido a la Interpol que bajara la alerta roja de captura de los ciudadanos supuestamente implicados en el atentado. Esto –afirmaba el fiscal–, en la práctica, garantizaba la impunidad para los presuntos terroristas, escondida tras los acuerdos comerciales para el intercambio de petróleo y trigo. El memorando fue tratado en el Congreso, pero el acuerdo con Irán, finalmente, no prosperó por la oposición de varias entidades judías, y porque la Cámara Federal lo declaró Inconstitucional.

Ya en 2015, conocida la denuncia de Nisman, el titular de la Interpol negó que hubiera recibido aquel pedido de levantar las alertas, pero el fiscal siguió adelante con su exposición, que presentaría de manera pública, inminentemente. Su muerte, haya sido voluntaria o producto de un suicidio inducido o de un homicidio, impidió escuchar de su boca los fundamentos de la denuncia.

La flamante reapertura de la causa encuentra al excanciller Timerman imputado en otra por traición a la Patria, un delito que contempla la prisión perpetua. Según el juez Bonadio, en una grabación “subrepticia”, el exfuncionario reconoció que Irán es el responsable del atentado y aún así firmó el memorando secreto. La reapertura de la causa también podría incluir una citación a declarar para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya fue convocada por graves casos de corrupción y en los últimos meses ha visto cómo algunos de sus exfuncionarios desfilan por los tribunales y caen presos.

En los últimos días, además, la jueza que investiga la muerte del fiscal pidió los números de teléfono que usaban Fernández y todos los mencionados en la denuncia de Nisman, antes y después de que él apareciera sin vida. La expresidenta ya había anticipado que el Gobierno de Mauricio Macri quería reabrir la denuncia del fiscal fallecido y ahora volvió a decir que es víctima de una persecución feroz.

Algún día habrá un veredicto. Por las víctimas de la AMIA y por toda Argentina, el anhelo es que se conozca la verdad y se haga justicia.

Foto: Jaluj (CC BY-SA 4.0)

 

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