Turquía: ¿Una tiranía para defender la democracia?

Turquía: ¿Una tiranía para defender la democracia?

Ana Stollavagli- Empleados despedidos, escuelas y universidades clausuradas, enfermos trasladados por el cierre de las clínicas en las que estaban internados, jueces y fiscales embargados, periodistas censurados, detenciones masivas… Estas son las medidas que tomó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio pasado. Ese día, un grupo de militares encabezó una sublevación sangrienta contra el jefe de Gobierno que, hasta hace algunos años, parecía destinado a convertirse en el líder político más importante de la historia moderna de su país.

En los albores de su carrera pública, como alcalde de Estambul, Erdogan había conocido la cárcel a causa de su encendida defensa de la lucha armada en el Islam, pero luego abogó por la separación de la religión y el Estado –aunque la agrupación que fundó en 2001, el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), es islamista–.

Desde entonces, el AKP ganó todas las elecciones, con Erdogan como primer ministro a partir de 2002. Y en 2014, el político y economista de 62 años fue elegido presidente. Durante todo ese tiempo, su Gobierno consiguió darle una prosperidad inédita a Turquía, procuró la incorporación del país a la Unión Europea y llamó al diálogo con los separatistas kurdos.

Pero las cosas cambiaron en los últimos años, cuando se conocieron presuntos casos de corrupción que alcanzaban al presidente y a su hijo. Erdogan acusó entonces a su antiguo aliado para la formación y crecimiento del AKP, el clérigo Fethullah Gülen, de motorizar esas denuncias para intentar desestabilizar así su Gobierno.

Gülen estaba exiliado en Estados Unidos desde hacía más de una década, pero seguía manejando sus intereses en Turquía: medios periodísticos, universidades y residencias para estudiantes, creadas por su movimiento Hizmet, que en turco significa ‘servicio’.

Erdogan, además, mostró mano de hierro cuando, en 2013, un grupo de jóvenes protestó contra la construcción de un centro comercial en la tradicional plaza Taksim, de Estambul, que implicaría la tala de 3,000 árboles del parque Gezi. Tras ordenar el desalojo, las protestas contra su autoritarismo se extendieron por las grandes ciudades, y en la dura represión hubo una decena de muertos.

Aquello fue el germen para lo que entonces se conoció como el mayo turco, en comparación con la rebelión estudiantil y obrera de Francia en 1968; o los indignados de Estambul, poco después del surgimiento del movimiento social español que se replicó en otras partes del mundo.

La justicia frenó la cuestionada construcción, pero el Gobierno siguió imponiendo el orden: prohibió las manifestaciones y reforzó el control sobre la prensa. Y cuando las redes sociales fueron el medio de comunicación más confiable para los ciudadanos, ordenó una ley para censurar internet, ya que el partido gobernante tuvo mayoría legislativa por años.

Aunque en el último medio siglo Turquía había sufrido cuatro golpes de Estado, el Gobierno de Erdosan logró mantener bajo su control a las Fuerzas Armadas hasta el último 15 de julio, cuando un grupo de militares anunció que tomaba el mando de Turquía al considerar que el presidente era “un traidor y había perdido legitimidad”. El dirigente, que se encontraba de vacaciones, pidió a través de la señal de noticias CNN que el pueblo saliera a la calle para “darle una lección al Ejército”. Con civiles armados enfrentando a los insurgentes, el saldo de la refriega, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, fue de al menos 290 muertos y 1,400 heridos.

Poco después, Erdosan decretó el estado de emergencia por tres meses, extendió por decreto de cuatro a treinta días el tiempo en que los ciudadanos pueden permanecer arrestados sin necesidad de que se presenten cargos contra ellos, detuvo —según cifras oficiales— a casi 26,000 personas entre civiles y militares, echó a 60,000 empleados de la administración pública, desplazó a directivos de empresas, despidió y embargó a jueces y fiscales, suspendió quince sindicatos, quitó unos 75,000 pasaportes y restringió los viajes al extranjero con la excusa de evitar la fuga de golpistas, y clausuró 35 clínicas y más de 2,300 instituciones educativas de todos los niveles. Estas entidades, en su mayoría, pertenecen al movimiento de Fethullah Gülen, a quien el presidente acusó de idear la asonada militar, por lo que pidió a Estados Unidos su extradición.

Desde Pensilvania, el líder religioso ha rechazado tanto la acusación como el alzamiento armado, y ha señalado que Erdogan está buscando convertir “la democracia parlamentaria en una presidencia ejecutiva sin controles a su poder”.

Algunos analistas políticos coinciden en esta apreciación y sostienen que pudo haber sido el propio presidente quien orquestó el alzamiento, al solo efecto de justificar las medidas tomadas desde entonces. Recuerdan, además, el caso Ergenekon, una supuesta conspiración en su contra, ideada en 2003 por militares, periodistas y legisladores opositores, que luego fueron condenados a penas de hasta 49 años de prisión. La presunción de estos expertos es que solo se trata de un invento del Gobierno para sacar de la escena a sus rivales.

La comunidad internacional también ha rechazado el intento de golpe institucional, pero ha reaccionado de distintas maneras a la respuesta de Erdogan. Rusia, con quien la relación era tirante desde el derribo de un avión de combate de Moscú en la frontera con Siria, ha apoyado incondicionalmente al presidente turco. Estados Unidos, en cambio, se ha mostrado en contra de la detención de todos los funcionarios de alto rango con los que estaba en contacto y, al igual que la Unión Europea —con excepción del secretario general del Consejo de Europa—, ha criticado la purga desmedida llevada a cabo por el presidente turco en todos los estamentos de la sociedad. Erdogan ha respondido acusando a Occidente de “apoyar el terrorismo y a los golpistas”.

Turquía, además, ha renunciado a la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que defiende el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y a un proceso equitativo, y prohíbe la tortura, pero admite que “pudo haber cometido errores, que serán corregidos”.

Analistas internacionales coinciden en señalar que el contragolpe de Erdogan, alguna vez doctor honoris causa por promover el entendimiento y la reconciliación, se parece más a una caza de brujas en la que pagan justos por pecadores por el solo hecho de pensar distinto. Una caza de brujas que, en el fondo —afirman—, obedecería a su afán de perpetuarse en el poder cueste lo que cueste.

Foto: Gobierno de Rusia (CC BY 4.0)

 

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