Corrupción en México. Algunos políticos buscan inmunidad judicial

Corrupción en México. Algunos políticos buscan inmunidad judicial

David Guzmán Fonseca- Los escándalos de corrupción en América Latina no son algo nuevo ni, mucho menos, sorprendente. En las noticias, últimamente hemos escuchado sobre las investigaciones en contra de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su Gobierno, por, supuestamente, haberse apropiado de millones de dólares y luego haberlos escondido en un convento del país. En cambio, una noticia que no ha sido tan publicitada es la de las maniobras de varios políticos mexicanos que han decidido manipular las leyes para blindarse de cualquier tipo de investigación. De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, México era en 2015 el país miembro de la OCDE —Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos— donde existía una mayor percepción de corrupción. Igualmente, de acuerdo con un estudio publicado por la Cámara de Diputados, un 93% de los mexicanos encuestados considera que la corrupción es un problema central en el país y, adicionalmente, un 61% cree que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para controlar este hecho.

La situación en México se ha tornado aún más complicada después de que dos gobernadores y sus congresos estatales aprobaran legislaciones anticorrupción que los protegerían de cualquier tipo de proceso investigativo una vez abandonaran el cargo. Estas nuevas reglamentaciones han sido ampliamente debatidas por sus detractores, así como por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El escándalo fue de tal magnitud que la Procuraduría General de la República —la Fiscalía de México— demandó ante la Suprema Corte de Justicia dichas legislaciones, al considerar que eran inconstitucionales puesto que iban en contra del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA regula todos los mecanismos de lucha contra la corrupción, y es el resultado de una reforma constitucional impulsada por el Gobierno central, aprobada en mayo de 2015.

Dicha reforma creó un nuevo sistema anticorrupción que permite ejercer un mayor control sobre el uso de los recursos a nivel del Gobierno nacional, pero aún más importante, a nivel local, que es donde se presentan los mayores niveles de corrupción. Aunque el SNA aún no está en marcha —falta una serie de reglamentaciones adicionales—, de acuerdo con el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, Peña Nieto promulgará en los próximos días siete leyes que permitirán que finalmente el nuevo sistema comience a funcionar.

Sánchez también declaró que el Gobierno y la estrategia anticorrupción no tolerarán “legislaciones locales a modo” que permitan a algún servidor público ponerse por encima, ya que esto es lo que demanda la sociedad mexicana.

Los gobernadores de los estados de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, aprobaron, con el apoyo de los legisladores locales, normas anticorrupción que les permitían escoger y designar a los fiscales anticorrupción de sus provincias. Lo anterior significa entonces que estos gobernadores, próximos a entregar el poder en los meses venideros —Duarte, en noviembre, y Borge, en septiembre—, tendrían la libertad para escoger a las personas encargadas de investigar los casos de corrupción que actualmente están en su contra.

Estos gobernadores han sido acusados de estar inmersos en casos de corrupción y malversación de fondos. Los nuevos gobernadores de Veracruz y Quintana Roo basaron sus campañas políticas en la lucha contra la corrupción, especialmente en la promesa de judicializar a los mandatarios actuales por el uso de dinero público para su propio beneficio.

De cualquier forma, tanto Duarte como Borge hacen parte del PRI —Partido Revolucionario Institucional—, al que también pertenece el presidente Peña Nieto, quien tampoco ha sido inmune a denuncias por corrupción. En el año 2015, la construcción de una lujosa casa por parte de una constructora que tenía contratos con el Estado fue motivo de un sonado escándalo, en el que también estaba involucrada su esposa, quien, supuestamente, era propietaria del terreno.

Así, ni el mismo Gobierno central, que ha promovido una política anticorrupción, se ha podido salvar de acusaciones por este mismo hecho, lo cual muestra que en México, como en gran parte de América Latina, la corrupción está arraigada en todos los niveles de la clase política.

Foto: Gobierno de México (CC BY 2.0)

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