DAPA y DACA, en el limbo. La decisión de la Corte Suprema y las próximas elecciones presidenciales

DAPA y DACA, en el limbo. La decisión de la Corte Suprema y las próximas elecciones presidenciales

David Guzmán Fonseca- El pasado 22 de junio, cuando cientos de manifestantes esperaban en el exterior de la Corte Suprema de los Estados Unidos una decisión sobre la legalidad de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama, muchos recibieron con dolor la noticia del limbo en el que se dejaba a millones de indocumentados. La decisión, o la falta de una, era el resultado de más de un año de luchas en los estrados judiciales entre el Gobierno de Obama y el estado de Texas —junto a otros 25 estados más— por las acciones del Poder Ejecutivo en materia migratoria. En noviembre de 2014, el presidente Obama anunció una serie de medidas con las que trataría de humanizar el sistema migratorio, cuya reforma no se había podido concretar por la vía legislativa. Entre ellas estaban ampliar el beneficio para indocumentados que han vivido desde pequeños en Estados Unidos (DACA ampliado), así como aliviar y desacelerar la deportación de padres indocumentados de hijos estadounidenses (DAPA). En su conjunto, las acciones podrían beneficiar a cerca de 4 millones de indocumentados.

A pesar de que el presidente, a través de sus acciones, buscaba contrarrestar las medidas adversas que el Congreso había formulado en torno a esta materia, así como deseaba enfocarse en la deportación de criminales en vez de familias y menores, desde un principio fueron altamente debatidas, en particular por miembros del Partido Republicano.

En las siguientes semanas, ante anuncio del presidente Obama, 26 estados, liderados por Texas, demandaron la constitucionalidad de las acciones ejecutivas frente a un juez texano, Andrew Hanen. Consideraban que estas excedían las atribuciones del presidente y, al mismo tiempo, generaban costos excesivos para los estados –se argumentaba que otorgar licencias y documentos de identificación para los inmigrantes indocumentados representaba un costo importante­–.

En febrero de 2015, dos meses después de que se anunciaran las acciones, y dos días antes de que estas entraran en vigor, el juez Hanen detuvo dichas medidas, aceptando los argumentos de los estados: coincidía en que Obama había sobrepasado sus competencias y añadía que, efectivamente, las políticas del presidente representaban un gasto adicional para los Gobiernos locales.

Mostrando su inconformidad ante la decisión del juez Hanen, el Departamento de Justicia, como representante del Gobierno de Obama, demandó la decisión frente a la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. En noviembre de 2015, esta Corte reiteró que las acciones ejecutivas eran inconstitucionales. Lo cierto es que dicha posición no sorprendió a nadie, puesto que en ese circuito la mayoría de los jueces han sido asignados por presidentes republicanos.

La última opción del Gobierno del presidente Obama fue entonces llevar el caso ante la Corte Suprema, buscando que se retractaran las sentencias de las cortes inferiores. Pero la decisión del pasado mes de junio, con el empate 4-4 entre los magistrados de la Corte —ante la muerte del noveno juez Antonin Scalia— confirmó la decisión del juez Hanen y detuvo la entrada en vigor de las acciones ejecutivas y los beneficios de estas.

De todos modos, el empate entre los jueces de la Corte Suprema no genera un precedente jurídico. Es decir, ante un empate, existe la posibilidad de que el caso vuelva a los tribunales inferiores, lo que da la posibilidad de una nueva demanda.

La candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, ha hecho público su apoyo a las medidas de Obama y ha asegurado que hará lo posible para continuar con ellas, es más, habla incluso de la necesidad de promover una reforma integral al sistema migratorio. Por el otro lado, ante la decisión de la Corte —o la falta de ella— el candidato republicano, Donald Trump, salió a aplaudir que se le negara este alivio migratorio a millones de inmigrantes, y fue más allá al intentar culparlos a ellos de quitar el trabajo a afroamericanos e hispanos en los Estados Unidos.

¿Pero qué significado tiene el empate entre los miembros de la Corte y el bloqueo a las acciones ejecutivas del presidente Obama por parte de los 25 estados que las demandaron?

Aunque el DACA inicial ha cobijado a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados, más de 4 millones de jóvenes y padres de jóvenes estadounidenses no obtendrán la autorización de los documentos que provee el Gobierno para trabajar legalmente en Estados Unidos. Esto se traduce en que no podrán acceder a las protecciones y estándares de trabajo mínimo de aquellas personas que trabajan con sus documentos en regla.

De acuerdo con el Centro Nacional Legal de Inmigración (NILC, por su siglas en inglés), de los jóvenes que han recibido la protección del DACA, un 76% se encuentra con trabajo y tiene un salario promedio de 17 dólares por hora —más del doble del salario mínimo federal—. Adicionalmente, al tener una autorización de trabajo, podrían demandar no solo salarios más justos, sino condiciones de trabajo que respeten los mínimos exigidos por la ley. Actualmente, al estar indocumentados, no pueden exigir estas protecciones por miedo a posibles retaliaciones.

Asimismo, la legalidad también brinda beneficios a los trabajadores indocumentados y a la sociedad en general. Un estudio de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), revela que la implementación del DAPA en el estado de California generaría 130,000 nuevos empleos y apoyaría programas públicos en un monto de 3.8 billones de dólares, al incentivar la creación de nuevas empresas y al aumentar el recaudo tributario.

De esta forma se puede observar que los beneficios de este tipo de programas se extendían a un amplio espectro de la sociedad, pero el empate en la Corte Suprema ha dejado en el limbo a millones de personas que se podrían haber beneficiado de los nuevos proyectos, así como también ha dejado mucho más inseguros a los más de 800 mil beneficiarios del DACA inicial, quienes deberán esperar a las próximas elecciones para saber qué pasará con las protecciones que se les había otorgado previamente.

La próxima contienda electoral en Estados Unidos no sólo definirá entonces al próximo presidente, sino también posiblemente al próximo magistrado de la Corte Suprema, y con él, el futuro de millones de indocumentados que aún viven en la sombra y en el miedo, esperando salir del limbo en el que se les ha dejado.

Foto: Matt Wade, "Corte Suprema" (CC BY-SA 2.0)

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