Crisis en Venezuela, caos y violencia

Crisis en Venezuela, caos y violencia

David Guzmán Fonseca- Las últimas semanas en Venezuela han estado marcadas por una creciente inestabilidad, incluso mayor a la que ha sometido al país durante los últimos años. La economía sigue en picada, el desabastecimiento se ha profundizado, la polarización política se acrecienta y las instancias internacionales se muestran mucho más críticas al régimen del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con estudios de varias universidades venezolanas, el número de ciudadanos que viven en la pobreza pasó de 52% en 2014 a 76% en 2016. Esta sistemática pauperización se ve reflejada en la escasez de alimentos y en problemas de acceso a medicamentos básicos.

El desabastecimiento ha llegado a niveles tan graves que varios medios han informado que una creciente proporción de venezolanos recurre a buscar comida en la basura y los desechos. Como respuesta, el Gobierno de Maduro puso en marcha el pasado mes de marzo el sistema de distribución de alimentos conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que según datos oficiales proveería cerca del 70% de los alimentos en el país.

El sistema consiste en el abastecimiento de alimentos mediante entidades locales compuestas por miembros de Consejos Comunales impulsados por el Gobierno, de la Unión Nacional de Mujeres y de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH). Estos representantes elaboran censos de población en cada localidad y evalúan la necesidad de cada familia, y de esta forma preparan bolsas con alimentos que cubren en teoría las necesidades de ciertos hogares, a los cuales se les otorga una cierta prioridad.

Sin embargo, los miembros de cada hogar no saben qué productos contiene cada bolsa, ni cuándo podrán volver a contar con otra. Adicionalmente, se ha informado de casos en que miembros de los CLAP se han quedado con esta ayuda, y se ha advertido sobre discriminación en la distribución de alimentos a favor de quienes favorecen al régimen de Maduro, en detrimento de quienes apoyan la oposición. Así, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno venezolano, la escasez se agudiza y la crisis humanitaria se vuelve cada vez más profunda.

Por otro lado, el ambiente político se vuelve cada vez más tenso. Los partidos de oposición están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie sobre las firmas recolectadas y entregadas el 2 de mayo para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, recurso que fue amparado en el Artículo 72 de la Constitución Nacional venezolana. El proceso ha resultado engorroso, ya que pasó más de un mes para que el organismo electoral dictaminara que 1.3 millones de firmas de las 1.8 millones recogidas eran efectivamente auténticas, y por lo tanto se había pasado la primera prueba del referendo.

No obstante, desde ese anuncio el CNE se ha mantenido en silencio y no ha revelado los siguientes pasos para continuar con el referendo. Ante esto, la oposición convocó el 9 de junio a sus representantes para exigir frente al CNE que se agilizara el proceso; pero la concentración se encontró con la respuesta violenta de grupos afectos al Gobierno de Nicolás Maduro. Como resultado, varios diputados del Congreso, entre ellos el vicepresidente de la Asamblea Nacional, fueron brutalmente agredidos ante el silencio y la inacción de las fuerzas públicas. Maduro, por su parte, calificó las confrontaciones frente al CNE como “una respuesta de sus simpatizantes a la provocación de la derecha”. Sin embargo, la violencia en el país ha llegado al punto de que Caracas ha llegado a ser considerada la ciudad más violenta del mundo.

Los linchamientos y enfrentamientos en las calles han aumentado a niveles preocupantes, en parte por la inconformidad frente a la inseguridad y la grave situación económica. Por esta razón, el Tribunal Supremo de Venezuela también ha prohibido que los medios televisivos, escritos o en línea, publiquen imágenes sobre los linchamientos o golpizas, los cuales han marcado una nueva fase más violenta en la crisis venezolana.

La suma de todas estas complicadas y preocupantes situaciones han hecho que instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea hayan expresado su intranquilidad frente a la situación política, económica y social en Venezuela.

El pasado 31 de mayo, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, invocó la Carta Democrática Interamericana con el fin de discutir en el seno de la institución la crisis vivida en el país suramericano, al considerar que los acontecimientos de los últimos meses muestran que se está violentando el orden constitucional y democrático. De lograrse un consenso de dos tercios de los miembros de la OEA, en el que se reconozca que el Gobierno venezolano amenaza la institucionalidad del país, se procedería a acordar sanciones diplomáticas o incluso la expulsión del país de la organización.

El presidente venezolano no demoró en responder a los señalamientos de Almagro, en su estilo altisonante, y dijo que no solo demandaría a los miembros opositores del Congreso por considerar que buscan promover una invasión extranjera, sino que sugirió que el Secretario General de la OEA “podía meterse la Carta Democrática por donde más quisiera”.

Por otro lado, el pasado 8 de junio, la Unión Europea demandó la liberación de los presos políticos en Venezuela, y condenó el hecho de que el Gobierno está generando trabas al referéndum revocatorio. Además, hizo referencia a lo que Almagro también había llamado “una crisis humanitaria”, por la ausencia de alimentos y medicamentos básicos para gran parte de los venezolanos.

El panorama venezolano, de esta forma, parece cada vez más sombrío. La economía no crece, la polarización se agudiza, la comida y los medicamentos no llegan y el Gobierno parece aferrase de forma más violenta al poder. La crisis en Venezuela ha pasado a una nueva etapa, y el caos y la violencia parecen dominar al que alguna vez fuera el país más rico y estable de Sudamérica.

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