Familiares de víctimas de la masacre de Sandy Hook podrán demandar a fabricantes de armas

Familiares de víctimas de la masacre de Sandy Hook podrán demandar a fabricantes de armas

Iralee Acosta- A más de cuatro años de la masacre en la Escuela Primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, en la que 26 personas perdieron la vida, una jueza ha determinado que los familiares de las víctimas pueden demandar a los fabricantes del arma con la que se cometió dicha atrocidad. Muchos han celebrado esta noticia, pues estamos en un país donde mueren 10,000 personas cada año producto de la violencia generada por armas de fuego. Sin embargo, para estos fabricantes, el fallo permite que se los culpe equivocadamente por algo que consideran que debe corresponderse a los individuos que cometen violencia.

En diciembre de 2012, Adam Lanza mató a su madre y posteriormente acudió a la referida escuela para asesinar a 20 niños y 6 maestros antes de matarse a sí mismo, de un tiro en la cabeza. En 2015, los familiares de nueve de las víctimas y un maestro herido entablaron una demanda contra Bushmaster Firearms International (división de Remington Arms que manufacturó el fusil de asalto AR-15 utilizado en la matanza), Remington Arms Company, Camfour Holding LLC (el distribuidor del arma) y Riverview Sales (la tienda donde la madre del perturbado joven compró el artefacto).

Los demandantes afirman que tanto el fabricante como los vendedores sabían que un ciudadano común no está capacitado para operar el fusil de asalto y que, aun así, continuaron vendiéndolo, independientemente del riesgo que este representaba. “[Estos] vendieron y promovieron las cualidades de ataque y usos militares de los AR-15 a los compradores civiles de manera poco ética, opresiva, inmoral e inescrupulosa”, señalaron los afectados.

Por su parte, en diciembre de 2015, los demandados solicitaron a la jueza Barbara Bellis que desechara la demanda, bajo el argumento de que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), establecida en 2005, protege a los fabricantes de armamentos y sus distribuidores, otorgándoles inmunidad ante demandas que los responsabilicen por los daños que estas ocasionen. Sin embargo, la jueza de la Corte Superior del estado no accedió, pues la PLCAA contiene una cláusula que establece que la inmunidad no procede cuando se trata de casos de confidencia negligente, en los que un arma se entrega descuidadamente o se vende a una persona que podría representar un alto riesgo en cuanto a ejercer su mal uso.

Bellis señaló que, en este caso, existió confidencia negligente, pues el arma utilizada en la masacre fue vendida a una persona que no estaba capacitada para utilizarla. En otras palabras, el hecho de que la ley federal protege a los fabricantes de armas de fuego no sobrepasa el sustento legal del reclamo por parte de los familiares de los fallecidos, en el que consta que el arma utilizada por Lanza nunca debió estar al alcance de cualquier civil.

Además, la utilidad del rifle para fines deportivos y de defensa personal era “mínima en comparación al riesgo de que el arma fuera usada en su capacidad de ataque”, asegura la demanda (de acuerdo con los registros de la Corte). “Hay una actividad civil en la que reina el AR-15: balaceras múltiples. […] Una y otra vez, individuos mentalmente inestables y criminales han adquirido un AR-15 con facilidad y han desatado el poder letal del rifle sobre nuestras calles, nuestros centros comerciales, nuestros centros de oración y nuestras escuelas”, agrega.

Y es que este tema ha causado tanto revuelo que se ha llevado hasta la contienda de la campaña presidencial. En una entrevista, The Daily News le preguntó al aspirante Bernie Sanders si creía que las víctimas de armas de fuego deberían poder demandar a sus fabricantes, a lo que Sanders respondió: “No, no lo creo. Pero sí creo que se debe poder demandar a los productores y vendedores de armas cuando estos deberían saber que las armas se dirigen a las manos de la gente equivocada”.

Por su parte, Hillary Clinton alabó la decisión tomada por la jueza de la Corte Superior del estado. Al mismo tiempo, añadió que, una vez en la presidencia, se encargará de revocar la ley de 2005, que ha representado “un gran obstáculo para estas familias”.

Respecto a esto, Nicole Hockley, madre de Dylan Hockley (uno de los niños asesinados en la masacre), dijo que la demanda no se trata de “prohibir las armas o derogar ninguna de las leyes en vigencia”, como sugiere Clinton, sino de que estas empresas “se hagan responsables de la forma en la que promocionan y venden armas a los civiles, específicamente el fusil AR-15”. Aun así, indicó que le resulta satisfactorio saber que este tema, tan significativo para ella, haya atraído la atención de figuras relevantes.

No obstante, pese a que Hockley aprecia el hecho de que finalmente se le está dando la debida importancia a este asunto que antes nadie se atrevía a discutir, sabe que ninguna demanda devolverá a Dylan a su familia, y “ninguna demanda traerá jamás de regreso a ninguna de las 26 vidas inocentes que fueron robadas, o paz a las familias que nunca se recuperarán de esto”.

Finalmente, el pasado 19 de abril la jueza dictaminó que el juicio será llevado ante los tribunales el 3 de abril de 2018.

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