DACA, DAPA y el futuro de la Corte Suprema de los Estados Unidos

DACA, DAPA y el futuro de la Corte Suprema de los Estados Unidos

David Guzmán Fonseca- En noviembre de 2014, el presidente estadounidense Barack Obama anunció la puesta en marcha de una serie de acciones ejecutivas que pretendían otorgar un alivio migratorio a una parte de los millones de indocumentados que viven en el país. Sin embargo, más demoró el gobernante estadounidense en anunciar dichas medidas que los miembros del Partido Republicano en denunciarlas como inconstitucionales. Dentro de las acciones ejecutivas, el presidente Obama deseaba ampliar el beneficio para indocumentados que han vivido desde pequeños en los Estados Unidos (DACA ampliado), así como generar alivios de deportación para los padres indocumentados de hijos estadounidenses (DAPA). En su conjunto, las acciones podrían beneficiar a cerca de 4 millones de indocumentados.

El Partido Republicano y miembros de otros grupos conservadores no solo criticaron el que dichas medidas otorgaran una protección a ciertos grupos de inmigrantes, sino también consideraron que el presidente no tenía la autoridad para promover estos alivios. Han asegurado que esta es una jurisdicción exclusiva del Congreso.

Cabe resaltar que múltiples proyectos de ley que pretendían reformar el sistema migratorio estadounidense han pasado por las manos de los congresistas, y ni siquiera se ha permitido su discusión en la mayoría de ellos. El caso tal vez más vergonzoso es el del proyecto de reforma migratoria de 2013, que un grupo de congresistas de ambos partidos habían conseguido que fuera aprobado en el Senado. Y aun así, los miembros de la Cámara de Representantes no pudieron votarlo, ya que los dirigentes del Partido Republicano, que controlan esta corporación, se opusieron a que el proyecto siquiera fuera debatido o escuchado.

Pero las críticas de los republicanos se volvieron judiciales cuando 26 estados, en su mayoría de tradición conservadora, demandaron las acciones ejecutivas del presidente Obama. En febrero de 2015, dos días antes de que el alivio migratorio entrara en vigor, el juez de Texas Andrew Hanen detuvo dichas medidas, alegando que el presidente había actuado fuera de sus competencias, a lo que añadió el argumento de que las acciones legislativas representaban un gasto adicional para las entidades locales.

Ante esta decisión, el Departamento de Justicia, representando al ejecutivo, apeló la decisión frente a la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito (en el estado sureño de Luisiana), la cual reiteró en noviembre de 2015 que los alivios migratorios para miles de indocumentados no eran constitucionales. No obstante, la posición de esta Corte no sorprendió a nadie, puesto que en este circuito la mayoría de los jueces han sido asignados por presidentes republicanos.

La última opción para las acciones ejecutivas se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que aceptó escuchar el caso y tratar de tomar una decisión al respecto para el verano de 2016. Los argumentos de ambos lados de la demanda en el caso de Texas vs. los Estados Unidos –como se conoce legalmente– fueron escuchados el pasado 19 de abril.

El ambiente en la Corte fue complicado y demostró la polarización que existe al interior de esta entidad entre jueces liberales y conservadores. Después de la muerte en febrero del juez Antonin Scalia, que pertenecía al bloque conservador de la Corte, el balance entre ambas facciones quedó en un 4-4, que es precisamente el resultado que se espera de la decisión final de la Corte frente a la demanda contra el DACA extendido y el DAPA.

De darse un empate entre ambos lados (un 4-4), la decisión del juez Hanen de Texas se confirmaría y por ende no podrían comenzar a operar ninguna de las acciones ejecutivas. Este tipo de decisión por empate no genera un precedente; dicho en otras palabras, abre la posibilidad de que vuelva a los tribunales inferiores y en un futuro se pueda volver a demandar –en caso de que un futuro presidente desee continuar con estos programas, lo cual es factible si es un candidato demócrata–.

Por otro lado, la Corte puede tomar la decisión de abstenerse de votar en este caso y esperar que se nombre a un noveno integrante. En la actualidad, el presidente Obama ha nominado al juez Merrick Garland para ocupar el puesto del fallecido Scalia. De ser confirmado Garland, alguien conocido como políticamente moderado, el balance de la Corte se movería aun así levemente hacia el lado liberal, lo cual en teoría incrementaría la posibilidad de que las acciones ejecutivas entraran en vigor.

Pero lo cierto es que, hasta el momento, el Partido Republicano –que controla el Senado y que confirma a los jueces de la Corte– también se ha opuesto a considerar al juez Garland para la posición. El argumento que se ha utilizado es que debe ser el nuevo presidente de los Estados Unidos el que postule para dicha vacante, a la espera de que de las elecciones presidenciales de noviembre de este año salga elegido un republicano conservador. Con esto, el Partido Republicano desea mantener el balance en favor del lado conservador, el cual se mantenía hasta la muerte de Scalia.

La historia de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se encuentra plagada de incertidumbres al quedar en manos de instituciones sumamente polarizadas. En el pasado, fue en el Congreso, donde el Partido Republicano jamás permitió discutir la reforma migratoria de 2013. En la actualidad, es en una Corte Suprema en la que los dos lados parecen mantenerse fieles a sus ideales y donde es posible que las acciones ejecutivas no entren en vigor. En el futuro, dependerá de quién salga elegido como presidente, que de ser republicano, no solo modificará el balance de la Corte Suprema, sino que llevará al fin de las acciones ejecutivas, además del DACA original y, posiblemente, a la deportación de millones de indocumentados.

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