Ayotzinapa: dolor e impunidad como única respuesta

Ayotzinapa: dolor e impunidad como única respuesta

Iralee Acosta- Más de un año ha pasado desde el caso Ayotzinapa, en el que desaparecieron 43 estudiantes normalistas –prospectos de maestros rurales bilingües, dedicados a formar comunidades indígenas–, y siguen sin esclarecerse los hechos: las dudas aumentan, las fuerzas se debilitan y, junto con ellas, las ganas de cooperar. Mientras algunos lucran con el dolor ajeno, otros acusan a los propios padres de los estudiantes, y a quienes les ayudan, de intentar sacar ventaja. En días pasados comenzó a circular en las redes sociales un audio en el que supuestamente se escucha a Mario César González Contreras, progenitor de una de las víctimas, y a Vidulfo Rosales, abogado representante del caso, en una conversación telefónica en la que González informa a Rosales que Guerreros Unidos (grupo criminal vinculado con la desaparición de los normalistas) lo amenazó con levantarlo si no entrega a los otros padres los $200,000 que, presuntamente, enviaron dichos narcotraficantes.

Al parecer, fue la organización delictiva Los Rojos –que se disputa con Guerreros Unidos la plaza de Iguala– la que hizo público el audio. Sin embargo, en una entrevista con El Universal, Rosales aseguró que jamás han recibido dinero de ningún cartel, pero sí varios ultimátum. Asimismo, en una entrevista telefónica para la agencia noticiosa española EFE, el abogado dijo que la llamada a la que se hace referencia en el video divulgado se realizó el 3 de marzo, y que hacía referencia a una riña suscitada entre los padres debido a un dinero que el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia había proporcionado al movimiento, y que los padres de familia aseguraron no haber recibido. Rosales también agregó que, aunque no tiene pruebas, considera que esta puede ser una estrategia del Gobierno mexicano para restar credibilidad a todos aquellos que están luchando por develar este caso. “Alguien suministró de manera deliberada este video para sacarlo en un momento propicio, cuando las cosas favorecen al Gobierno, y nosotros estamos en una situación difícil con este tercer peritaje. [El objetivo es] ir cerrando las pinzas por parte del Gobierno, ir desprestigiándonos, restándonos legitimidad a los padres y al movimiento, e irnos aislando de nuestros aliados, generando dudas en la gente de buena fe que está apoyando la lucha justa por la presentación con vida de los estudiantes”, manifestó el defensor de los afectados.

Por su parte, los padres de familia aseguran que las autoridades han obstruido las líneas de investigación para resolver el caso, que a los investigadores no se les ha permitido entrevistar a más de cien personas que son clave para esclarecer lo sucedido, y creen que el Gobierno ha forzado a los policías que se han declarado culpables para que coincidan con la versión que hasta el momento han dado los encargados del tema. Cabe recordar que, aun cuando en un principio se dijo que miembros del Ejército mexicano también habían participado en lo sucedido, esa línea de investigación está cerrada y en el olvido.

Semanas atrás, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México mencionó la posibilidad de un acuerdo con los padres de los normalistas para la reparación del daño; sin embargo, los afectados lo rechazaron al considerarlo una burla. “Han venido a ofrecer dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos nos interesa es eso. No vamos a vender a nuestros hijos y la postura por parte del movimiento sigue siendo la misma”, indicó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, quien al mismo tiempo asegura que no desistirán en su lucha por obtener la verdad.

Una de los aspectos más polémicos y menos claros del caso es la cuestión del basurero de Cocula. En 2015, el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, declaró lo que hoy se conoce como su verdad histórica: que posiblemente los cadáveres habían sido incinerados en este local. Más tarde, otro peritaje que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) refutó esta teoría, pero el pasado primero de abril se dio a conocer el resultado de un nuevo estudio allí efectuado por la misma Procuraduría General (PGR). que revela que sí existe evidencia de que se encendió fuego en el basurero de Cocula y que sí se pudo haber calcinado a por lo menos 17 personas, según Ricardo Damián Torres, vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego.

Luego de estas declaraciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explorar el caso, declaró que la Procuraduría había violado el acuerdo sobre la forma de divulgar los resultados del nuevo peritaje. En respuesta, la PGR reiteró su respeto hacia el grupo independiente, así como al trabajo realizado por este, y además remarcó nuevamente su “compromiso con la transparencia, dada la relevancia del asunto y considerando el interés público en torno a él”. La fiscalía aclaró que entregó el trabajo de los seis expertos “en forma conjunta” tanto a la PGR como al GIEI. No obstante, el GIEI respondió que Torres había hecho referencia a partes de un informe provisional que hasta ese momento no habían podido siquiera analizar.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la información revelada hasta el momento, pese a que hay evidencia de que ha habido fuego en el basurero de Cocula, en ningún momento se ha podido comprobar que haya ocurrido la noche que desaparecieron los estudiantes. Incluso, después del último estudio, el EAAF criticó que este “no especifica cuándo (temporalidad) pudo haber ocurrido ese fuego de grandes dimensiones”, que no indica si en ese lugar hubo otros incendios antes, así como que tampoco “se pudo establecer desde qué fecha se encuentran allí depositados dichos restos”, o si quedaron ahí al mismo tiempo o en diferentes eventos.

Para el EAAF es importante tomar en cuenta que en los últimos cuatro o cinco años, cientos de personas han desaparecido en Iguala. Pese a que uno de los huesos calcinados encontrados en el río San Juan arrojó en las pruebas de ADN compatibilidad con uno de los normalistas extraviados, no podrían asegurar que estos estudiantes hayan sido incinerados en el basurero. De acuerdo con la PGR, entre los restos encontrados había una mandíbula y una prótesis dental; sin embargo, ninguno de los normalistas contaba con arreglos odontológicos de ese tipo.

Respecto a este último informe, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo ante el presidente Enrique Peña Nieto, el gabinete, organizaciones estatales y no gubernamentales de Derechos Humanos, entre otros: “La verdad en este y en todos los casos es una, no puede construirse o negociarse, y debe necesariamente desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los respectivos expedientes, valorados y articulados en su conjunto, no de su apreciación aislada. En ese sentido, el informe que un grupo de peritos presentó la semana pasada tendrá que valorarse de manera integral, junto con los demás elementos de convicción que obran agregados a la investigación correspondiente”. González dio este discurso durante la entrega del Informe Anual de Actividades 2015, donde agregó que el caso sigue abierto para la CNDH, y que urge tratarlo con la máxima atención y dar respuestas sustentadas en pruebas científicas que impriman credibilidad a la investigación “para no dar cabida a la especulación y a cuestionamientos infundados”, como ha estado sucediendo durante estos 18 meses.

Por lo pronto, el comité estudiantil de la Normal de Ayotzinapa se solidarizó con el GIEI y anunció la suspensión indefinida de sus actividades académicas. Del mismo modo, en una conferencia de prensa en dicho plantel, Ernesto Guerrero, dirigente estudiantil, enfatizó que otra de sus demandas es exigir al Gobierno la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes hasta que se les dé una respuesta concreta a los padres de los desaparecidos. Asimismo, reclaman a los 43 normalistas con vida y, mientras eso sucede, exhortan a las autoridades a que permitan que el GIEI se entreviste con los soldados presentes aquella noche. Finalmente, los padres de las víctimas agradecieron el apoyo recibido y rechazaron la matriz de opinión que se ha montado, con la que pretenden vincularlos con Guerreros Unidos y Los Rojos.

El pasado 5 de abril, Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, recibió en Innsbruck, Austria, los resultados de las pruebas aplicadas a los restos óseos y otras muestras encontradas en el basurero de Cocula, los cuales fueron entregados en un sobre que será abierto en la Ciudad de México frente a los padres de los normalistas, sus representantes legales y el GIEI. Otros estudios de ADN realizados previamente habían identificado a un estudiante de nombre Alexander Mora, pero quedó en duda la posibilidad de que otra muestra perteneciera al alumno Jhosivani Guerrero.

Por su parte, Jesús Murillo Karam, exprocurador general, se reunió la semana pasada con la Cámara de Diputados de la Comisión Ayotzinapa para sostener y defender su verdad histórica; y afirmó que en ningún momento participaron elementos de la policía estatal o federal, ni militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en Iguala. Respecto a lo anterior, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa, manifestó que la comparecencia del exprocurador es una muestra de que no hay nada oculto en la investigación del caso Ayotzinapa, y evidencia la cooperación prestada por las autoridades. “El exprocurador de la República Jesús Murillo Karam fue, dio la cara a la Cámara de los Diputados para explicar lo que él hizo y lo que le tocó como procurador investigar en este caso”, señaló Gamboa. No obstante, reconoció que es natural que nadie esté conforme mientras no se esclarezca el caso, y que se debe seguir trabajando hasta que quede completamente resuelto.

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