El incierto y complejo proceso de desmovilización de las FARC

El incierto y complejo proceso de desmovilización de las FARC

David Guzmán Fonseca- El pasado 23 de marzo se venció el plazo que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –mejor conocidas por las siglas FARC– habían acordado para firmar un acuerdo de paz. El objetivo era poner fin a un conflicto que se ha prolongado casi 60 años y que ha dejado más de siete millones de afectados. Sin embargo, la fecha pasó y el pacto no se firmó. Todavía están pendientes de discutir algunos temas importantes sobre los que hay que tomar decisiones, como lo son el cronograma para la entrega de las armas, la elección de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz –encargado de juzgar a los actores involucrados en el conflicto–, la ubicación de los desmovilizados de la guerrilla y el mecanismo de refrendación de los acuerdos.

Las negociaciones iniciaron oficialmente el 4 de septiembre de 2012, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos confirmó que el proceso entre su Gobierno y las FARC tendría la colaboración de los Gobiernos de Noruega, Venezuela, Chile y Cuba, país que se convirtió en sede de las conversaciones. También anunció que ya se había firmado el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, en el que se incluían los cinco puntos fundamentales de las negociaciones: el desarrollo rural, las garantías para la oposición política, el fin del conflicto, el tráfico de drogas ilícitas y los derechos de las víctimas del conflicto.

En septiembre de 2015, después de tres años de negociaciones, se llegó a un acuerdo en uno de los temas más álgidos: los castigos o penas judiciales tanto para los actores del Estado como de las FARC. Al respecto, también se acordó la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, bajo la cual se juzgarían dichos procesos. De acuerdo con la Agencia Nacional para la Reintegración del Gobierno colombiano, esto permitiría la desmovilización y legalización de entre 20,000 y 30,000 miembros de las FARC.

Sin lugar a dudas, el texto sobre el acuerdo en este punto ha generado un sinnúmero de cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los más fuertes y críticos proviene de la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), que ha resaltado que el acuerdo en el tema de justicia es equivalente a otorgar impunidad a los actores del conflicto, además de que no representa suficiente compensación para las víctimas.

Por una lado, la HRW considera que el régimen de justicia no contempla el pago de penas carcelarias para los miembros de las FARC que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Por otro, argumenta que existe muy poca claridad sobre cómo y quiénes van a controlar que se cumplan con las penas alternativas para quienes se desmovilicen en el proceso. Esto debido a que los mecanismos alternativos no carcelarios contemplan que estas personas serán enviadas a zonas especiales del país, donde harán trabajos comunitarios, y de donde en un principio no podrán salir.

Sobre este punto, el Gobierno y el grupo guerrillero han afirmado que las personas que violen lo acordado y no cumplan con sus penas serán juzgadas por la justicia ordinaria, y podrían ser extraditadas a Estados Unidos. Así mismo, quienes se presenten de forma tardía a los Tribunales de Paz enfrentarán penas de cárcel de cinco a ocho años. Y quienes no lo hagan tendrán penas de 15 a 20 años de prisión.

Lo que va a pasar una vez que las personas hayan cumplido con las penas alternativas o se les haya declarado cubiertas por una amnistía aún está por decidirse. Si bien en algunos medios se había declarado que todos los desmovilizados recibirían alrededor de 600 dólares mensuales, el Gobierno ha dejado en claro que las condiciones de reincorporación aún están pendientes, y por lo tanto esta cifra es falsa. Sin embargo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que, aunque no es claro si los desmovilizados recibirán salarios, sí será necesario crear un fondo que posibilite la manutención temporal de los guerrilleros.

Por otro lado, la HRW ha llamado la atención sobre cómo la Jurisdicción Especial de Paz podría también cubrir a los miembros del Gobierno que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos y, dado lo anterior, provocar que no paguen los delitos cometidos. Entre los más graves, se encuentran las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares, quienes los presentaban como guerrilleros muertos en combate. En lo que se conoce como los falsos positivos, de acuerdo con HRW, entre 2002 y 2008 algunos miembros del ejército ejecutaron a unos 3,000 civiles.

El proceso por medio del cual se va a generar la judicialización, desmovilización y reintegración de los miembros de las FARC no está exento de críticas y cuestionamientos. Igualmente, el proceso de reinserción a la vida civil es aún incierto y está lleno de complejidades, las que sólo podrán ser resueltas una vez que se acuerden todos los puntos. Pero sobre cuándo pasará esto, tampoco hay certeza.

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