El nuevo rumbo de Brasil

El nuevo rumbo de Brasil

Mario Vallejo- Brasil despertó y ha señalado seriamente a los dos últimos presidentes por actos delictivos. Ante el llamado popular para hacer cumplir las leyes, los señalados, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, emprendieron acciones que han enardecido aún más a un país cansado de la injusticia. El 13 de marzo, más de 3,000,000 de brasileños se lanzaron a las calles para protestar contra el escándalo de la petrolera estatal Petrobras, en el que han sido detenidos varios altos funcionarios por sobornos y lavado de dinero, y que salpica al expresidente Lula da Silva. Los manifestantes exigieron la salida de la actual presidenta Dilma Rousseff, quien lleva meses envuelta en el proceso de juicio para su destitución por el uso indebido de fondos, y parece que ahora protege a Lula da Silva de ser expuesto ante la justicia.

Solo tres días después de la primera protesta, hubo otra luego de que se diera a conocer la grabación de una conversación entre Lula da Silva y Rousseff, en la que Rousseff le asegura al exmandatario, a quien recién había nombrado ministro de la Casa Civil, que el acta de su investidura estaba “en camino”, para que la usara “en caso de necesidad”. Bajo la Constitución brasileña, este cargo le conferiría a Lula da Silva un fuero a la detención mientras lo investigan por la corrupción en el caso Petrobras; por lo tanto, el pueblo se enfureció ante el sospechoso motivo de Rousseff de designarlo ministro como una estrategia de emergencia.

En su defensa, Rousseff calificó la filtración como una "flagrante violación de la ley y la Constitución de la República, cometida por el juez autor de la filtración” (Sergio Moro, el juez federal que encabeza las investigaciones, aseguró haber divulgado la grabación porque era de “interés público”).

Mientras se realizaba la ceremonia del nombramiento de Lula da Silva el jueves siguiente, la situación se tornó más tensa cuando se expulsó a un diputado porque gritó “¡sinvergüenza!”, al tiempo que los partidarios del Gobierno cantaban al unísono que no habría golpe de Estado. Poco después, un juez federal suspendió el nombramiento de Lula, puesto que se encuentra señalado por actos de corrupción, y al menos 20 jueces más respaldaron la suspensión. El Gobierno de Rousseff, que insiste en que se precisa el liderazgo de Lula en el país durante los problemas económicos actuales, recurrió la medida, pero al final el nombramiento quedó suspendido por uno de los miembros de la Corte Suprema, como un acto de obstrucción de la justicia.

Muchos consideran que este es un suicidio político para Dilma Rousseff, puesto que la reacción de la población ha sido demasiado grande como para obviarla, y se le señala a su vez como participante en los escándalos. Por su parte, la presidenta se ha defendido fuertemente; en una entrevista con El País el viernes, declaró que quieren que ella renuncie “para evitarse el mal trago de tener que echar de forma ilegal a una presidenta elegida”. Un voto decidirá su destino en el Senado solo unas semanas antes de los juegos olímpicos en Rio de Janeiro este verano.

Los siguientes días serán clave en este caso y para el futuro de Brasil, pues no se descarta que sigan llegando pruebas que vinculen a más personas con el caso Petrobras y otros casos de corrupción. El vicepresidente de la compañía Arko Advice y analista político, Cristiano Noronha, aseguró que este nombramiento podría jugar en contra en la intención de Rousseff de cambiar la percepción del pueblo hacia ella, y no dudó en asegurar que así es como comienzan los golpes de Estado.

De momento la situación en Brasil se ha llevado de una manera pacífica; sin embargo, crecen la incertidumbre y la ansiedad por ver trabajar a la justicia en pro del pueblo.

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