¡Puerto Rico libre! La historia de un siglo de leyes arbitrarias

¡Puerto Rico libre! La historia de un siglo de leyes arbitrarias

David Guzmán Fonseca- Puerto Rico atraviesa por una crisis económica sin precedentes en su historia, pero que tiene sus raíces en leyes que datan de hace casi un siglo. El Gobierno boricua ha hecho pública su incapacidad de pagar los intereses sobre la deuda que han acumulado las empresas públicas, de 5,000 millones de dólares. La deuda pública total asciende a 72,000 millones de dólares, lo que representa casi 70% del producto interno bruto del país (se requeriría que cada puertorriqueño sacara cerca de 20,000 dólares de su bolsillo para poder pagarla).

Este escenario tan sombrío, si bien es resultado de las acciones del Gobierno y de las empresas públicas puertorriqueñas en las últimas décadas, también se debe al estatus político y legal que los Estados Unidos han otorgado a la isla, pues desde que Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos —luego de que los últimos ganaron la Guerra Hispano‐Estadounidense contra España en 1898—, la isla y su Gobierno quedaron sometidos a las decisiones del Congreso de este país.

Aunque en 1952 Puerto Rico tuvo la libertad de crear su propia Constitución para el manejo de asuntos internos, siguió siendo un territorio de los Estados Unidos bajo la figura de estado libre asociado, concepto que puede entenderse como la posibilidad que tienen los puertorriqueños de escoger un Gobierno y su propia rama legislativa, pero dependientes, en última instancia, del Congreso de los Estados Unidos.

Adicionalmente, Puerto Rico no tiene representación en el Senado estadounidense; cuenta con un representante con voz pero sin voto en la Cámara de Representantes.

La arbitrariedad del trato de los Estados Unidos hacia Puerto Rico y sus ciudadanos ha ido más allá del carácter extraño de su estatus político. Si bien la ley Jones Shafroth, aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos en 1917, otorgó la nacionalidad estadounidense a los habitantes de la isla, no les concedió los mismos derechos que tienen otros estadounidenses en estados reconocidos como parte de la Unión. Los puertorriqueños viven entonces lo que se podría considerar como una ciudadanía de segunda clase.

Desde un punto de vista legal, algunos expertos han sugerido que existe un margen de posibilidad para crear una ley en el Congreso de los Estados Unidos con la que podría retirarse la nacionalidad estadounidense a los puertorriqueños, debido a que la nacionalidad por nacimiento les ha sido otorgada por vía estatutaria y no por vía constitucional, por la Enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos, lo que no podría ocurrir con otros ciudadanos nacidos en los estados de la Unión.

Aunque esta posibilidad no se prevé en el futuro, la polarización política actual de los Estados Unidos, en especial en lo que respecta a la inmigración y el sentimiento en contra de los latinos en las campañas presidenciales, la convierte en una preocupación adicional con la que deben vivir los puertorriqueños.

Por otro lado, aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, a menos que sean residentes de alguno de los 50 estados de la Unión o del Distrito de Columbia. Además, un puertorriqueño no puede lanzarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos a menos que haya vivido en territorio estadounidense durante 14 años (de nuevo Puerto Rico no cuenta).

Adicionalmente, respecto al tema de seguridad social, aunque los puertorriqueños pagan los mismos impuestos que el resto de los estadounidenses —con excepción del impuesto federal sobre el ingreso—, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) no los abarca. El SSI paga beneficios a los adultos incapacitados y a niños que tienen ingresos bajos y recursos limitados, lo que podría tener un impacto significativo en un país donde, de acuerdo con datos del Censo publicado en septiembre de 2015, 46.2% de la población vive por debajo de la línea de pobreza.

En términos de la economía de la isla, existen otras leyes que han tenido un impacto sobre los boricuas y su Gobierno de una forma más generalizada. Para empezar, el estatus político de la isla le impone limitaciones como las que se le imponen a los Gobiernos locales para tomar decisiones en materia económica. Una de las más relevantes en la crisis actual tiene que ver con la incapacidad de reestructurar y refinanciar la deuda bajo el concepto de bancarrota. Su complicado estatus no le permite esta alternativa a Puerto Rico, y por lo tanto, hace casi imposible que el Gobierno local responda a sus obligaciones de deuda.

Por otro lado, la Ley Jones de 1920 (que no debe confundirse con la ley Jones Shafroth), ha generado una serie de desigualdades en contra de los habitantes de la isla. Debido a que esta ley mercantil del periodo posterior a la Primera Guerra Mundial buscaba proteger y promover a la industria naviera estadounidense, impulsó una serie de medidas bajo las cuales el comercio marítimo doméstico en los Estados Unidos solo podía darse si las naves eran de fabricación y contaban con una tripulación estadounidense.

La Ley Jones de 1920 ha tenido implicaciones sobre las finanzas y la economía de Puerto Rico. De acuerdo con un estudio económico presentado a la Oficina de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), el costo de esta ley sobre Puerto Rico, entre 1970 a 2010, fue de 29,000 millones de dólares —cerca de un tercio de la deuda pública acumulada—. Adicionalmente, la ley ha hecho que los costos de ciertos bienes se eleven incluso el doble de los precios de los mismos bienes en los estados continentales de la Unión. Por ejemplo, un auto en Puerto Rico cuesta, en promedio, $6,000 dólares más que en Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, las leyes anteriormente mencionadas y la normatividad estadounidense han convertido a los habitantes de Puerto Rico en ciudadanos de segunda categoría; también han creado un ambiente discriminatorio en su contra, ya que, a pesar de las múltiples complicaciones económicas que enfrentan, deben pagar mucho más que cualquier otro estadounidense para comprar bienes básicos.

Si bien la crisis financiera es el resultado tanto de las decisiones de las empresas públicas como del Gobierno puertorriqueño, las leyes y el estatus político que Estados Unidos ha promovido hacia la isla comparten la responsabilidad y también deben compartir la búsqueda de una solución.

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