Estudiantes indocumentados luchan por ejercer su derecho a la educación

Estudiantes indocumentados luchan por ejercer su derecho a la educación

Iralee Acosta- Cada año se gradúan de la preparatoria alrededor de 65,000 estudiantes indocumentados. Sin embargo, de acuerdo con el Consejo Americano de Inmigración, apenas entre 5% y 10% de ellos asiste a la universidad, pues saben que, aun adquiriendo un título, su estatus migratorio no les permitiría ejercerlo. El mes pasado, el Dr. Julian Jefferies, investigador de la Universidad Estatal de California, Fullerton, compartió con los estudiantes del Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara su investigación acerca de los retos que implican ser indocumentado e intentar asistir a la universidad. El estudio se llevó a cabo en Boston, Massachusetts, con el fin de crear conciencia sobre la situación de los inmigrantes y establecer políticas migratorias que reconozcan sus derechos. (Actualmente, Jefferies continúa su investigación en California.) En este seminario, una de las historias que se compartieron fue la de Daniel Enrique Bravo, quien pudo llegar al país gracias un permiso otorgado mediante DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) y actualmente estudia Administración de Negocios y Programación de Computadoras. “Cuando era pequeño, escuchaba hablar a mis tíos sobre venir a México o regresar a California. [Oía] palabras como: deportado, mojado, migra, pollero, o frases como cruzar el río. Pensaba que eran normales para llegar a EE. UU. o al cruzar hacia México. Hasta la adolescencia creí que era ciudadano americano como el resto de mis amigos. Me di cuenta de que era indocumentado cuando en la escuela a mi hermana y a mí nos pedían pagar cuotas de extranjeros”, narró Daniel Enrique Bravo.

Al igual que Daniel, existen otros estudiantes que, a pesar de que no cuentan con documentos que les permitan acreditar un estatus migratorio legal, han tenido el privilegio de ir a la universidad. Tal es el caso de Lorella Praelli, una joven de origen peruano que actualmente trabaja para la campaña de Hillary Clinton y que sufrió la segregación desde que era niña. Después de tener un accidente automovilístico, por el cual tuvieron que amputarle una pierna, Praelli y su familia se mudaron a Estados Unidos para que ella pudiera recibir un mejor tratamiento. En aquel momento, por ser inmigrante, vivió la discriminación en la escuela por parte de sus compañeros; pero cuando quiso ir a la universidad, se dio cuenta de que era “ilegal”.

Pese a esto, la joven activista por los derechos de los inmigrantes luchó hasta que pudo conseguir una beca para entrar a la Universidad de Quinnipiac, en Connecticut. Lorella se graduó con honores, pero su estatus migratorio no cambió hasta que en el año 2012 se casó con un estadounidense y obtuvo mediante él su residencia legal. Desde entonces, Praelli ha luchado incansablemente por los derechos de otros jóvenes que, al igual que ella, tienen el sueño de estudiar sin que su estatus migratorio represente un límite para ellos. “Mis padres me enseñaron que la adversidad no nos define, sino cómo respondemos a ella. (...) Has de tener metas y ser firme para cumplirlas. Has de vivir tu realidad y jamás dejar de soñar para que tus sueños se cumplan”, comentó la soñadora.

Y es que hasta hace poco era prácticamente imposible para los estudiantes indocumentados estudiar una carrera. Sin embargo, parece que el problema se está resolviendo. El año pasado, a tres años de que se estableciera la DACA (que protege a los indocumentados que llegaron desde niños de ser deportados), el Departamento de Educación de Estados Unidos publicó la guía Supporting Undocumented Youth (Apoyando a los jóvenes indocumentados), que tiene el objetivo de que todos los involucrados en la educación de los inmigrantes indocumentados, a nivel secundario y universitario, puedan ayudarlos a cumplir sus metas, proporcionándoles la información necesaria para hacer valer sus derechos, conseguir becas o préstamos, obtener la DACA (si es que no lo han hecho ya), entre otras cosas.

Del mismo modo, Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de California (UC) y ex secretaria de la Seguridad Nacional del país, anunció el mes pasado el programa DREAM, por medio del cual más de 3,000 estudiantes indocumentados tendrán acceso a un sistema de préstamos estudiantiles. “Al reducir las barreras y expandir el acceso a una educación superior para los estudiantes indocumentados, la Universidad de California está invirtiendo no solamente en el futuro de estos estudiantes, sino también en el futuro de nuestro estado y nuestra nación”, manifestó Napolitano.

Por su parte, el Senador Ricardo Lara, que en 2014 apoyó el financiamiento de préstamos propuesto por la presidenta de la UC ese mismo año, declaró: “El programa de Préstamos DREAM ayudará a crecer nuestra fuerza laboral educada en la universidad y cumple con la promesa de que un título universitario es posible para todos los estudiantes calificados de California que trabajen duro, sin importar su estatus de inmigración”.

De acuerdo con la legislación de California, los estudiantes indocumentados que se gradúen de una preparatoria en este estado y que cumplan con los requisitos de la Ley del Sueño de California serán elegibles para recibir ayuda financiera por parte del estado y de las universidades públicas. Asimismo, conforme la ley AB-540, los estudiantes indocumentados pagarán matrículas como si fueran residentes legales, por lo que estarán exentos del costo adicional que pagan en las universidades quienes no residen en el estado. Sin embargo, estos estudiantes no calificarán para recibir apoyo federal, por lo que el acceso a algunos programas de préstamos estudiantiles será limitado.

Por supuesto, existen algunos estados, como Georgia, que siguen renuentes a admitir a estudiantes indocumentados en sus universidades. En el año 2014, un grupo de 39 alumnos indocumentados y amparados por DACA interpuso una demanda en contra del Consejo de Regentes del Sistema Universitario de Georgia. Esto con el fin de que se les permitiera no solo tener acceso a la educación superior, sino pagar las mismas cuotas que los demás residentes del estado. No obstante, la Corte Suprema acaba de negar la apelación a estos jóvenes, por lo que a pesar de que cuentan con la Acción Diferida, no se les reconoce como residentes del estado. Por ende, a dichos estudiantes se les ha negado la posibilidad de estudiar en cinco de las universidades más importantes de Georgia, y en las universidades a las que tienen acceso, deberán pagar el costo que tiene la matrícula para los extranjeros. “Estos estudiantes reconocen que la educación superior es un derecho humano que debe ser accesible a todos basado en el mérito académico, no en el estatus social”, declaró Laura Emiko, directora de Freedom University, organización que ofrece cursos de nivel universitario a estudiantes indocumentados. Por su parte, Rigo Rivera, uno de los demandantes, señaló que “actualmente hay alrededor de 20,000 personas con DACA viviendo en Georgia y una decisión de este tipo afectaría a miles de personas que están aquí en el estado y que quisieran estudiar en las universidades y aportar más al estado”.

Afortunadamente, así como existen programas públicos, como el de la Universidad de California, también hay organizaciones independientes como la E.C.E. —Equal Chance for Education— en Nashville, Tennessee, que ofrece becas para aquellos dreamers que no son elegibles para obtener ayuda financiera o préstamos para costear su educación.

Tanto el Gobierno como las entidades deben darse cuenta de que la educación es un derecho humano, cuyo alcance depende de las ganas que tenga una persona de superarse, independientemente de su estatus migratorio en un país. Y es que, para muchos, sin duda alguna, es evidente que esta es una forma más de discriminación. El mundo está lleno de personas que estereotipan a los inmigrantes como personas sin educación; pero, ¿cómo van a contar con ella?, si en lugar de abrirles las puertas para que tengan un mejor estilo de vida, nosotros mismos (como sociedad) se las cerramos.

Al negarles el acceso a la educación o hacerlo difícil, solamente estamos condenando a los estudiantes indocumentados a realizar trabajos duros en los que a lo máximo que pueden aspirar es al salario mínimo y a seguir, en muchos de los casos, sufriendo abusos por parte de aquellos empleadores que se aprovechan de su situación para obtener ventaja. Seamos conscientes de esto y, en lugar de negarles la oportunidad de progresar y, de este modo, contribuyan de manera positiva con nuestra sociedad, debemos hacerles más fácil el camino, en la medida posible. El que nuestro vecino esté educado no solamente lo beneficia a él, sino a quienes formamos parte de su entorno (llámese familia, comunidad o país). La educación nos beneficia a todos.

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