Batalla por las Acciones Ejecutivas de Obama irá a la Corte Suprema de los Estados Unidos

Batalla por las Acciones Ejecutivas de Obama irá a la Corte Suprema de los Estados Unidos

David Guzmán Fonseca- Las acciones ejecutivas en materia migratoria del presidente estadounidense Barack Obama han sido objeto de escrutinio político y legal desde el momento que fueron anunciadas en noviembre de 2014. La decisión del presidente Obama obedeció a la incapacidad del Congreso de los Estados Unidos de aprobar una reforma migratoria que decidiera el futuro de cerca de 14 millones de inmigrantes indocumentados en el país. Aunque un proyecto de ley fue aprobado en el Senado estadounidense en el 2013, miembros republicanos de la Cámara de Representantes decidieron no discutir. Así, la propuesta legislativa más prometedora para solucionar el problema migratorio quedó olvidada y las acciones presidenciales se mostraron como el único camino viable para solucionar la situación de millones de indocumentados.

A partir del anuncio de las acciones ejecutivas, estas se convirtieron en el centro de polémica o alabo por parte de la sociedad estadounidense. Por un lado, miembros del Partido Republicano y de otros grupos conservadores mostraron su disconformidad no solo con las medidas que otorgarían alivio migratorio a millones de indocumentados, sino también con lo que ellos consideran fue un exceso de las capacidades del presidente. En tanto, activistas a favor de la inmigración y miembros del Partido Demócrata se han mostrado desde un principio a favor de la medidas, al considerar que remedian la falta de acción recibida por parte del Congreso.

En febrero de 2015, dos días antes de que las medidas de Obama comenzaran a operar, el juez de Texas Andrew Hanen decidió que el presidente había actuado fuera de sus competencias. Igualmente, coincidió con los 26 estados que demandaron las acciones, al recalcar que estas representaban un gasto adicional para las entidades locales, y que no podían ser causadas por decisiones del ejecutivo.

Ante esta decisión, el Departamento de Justicia, representando al ejecutivo, decidió apelar la decisión frente a una Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito (en el estado sureño de Luisiana), que decidió el pasado 9 de noviembre reiterar la decisión del juez Hanen y negar la puesta en marcha de las acciones ejecutivas. La sentencia de la Corte de Apelaciones sostuvo en una decisión de dos a uno que, en caso de ir a juicio, la demanda sería probablemente ganada por los estados.

Aunque la decisión no es favorable, se esperaba este tipo de posición, particularmente en un circuito en el que la mayoría de los jueces han sido asignados por presidentes republicanos. Sin embargo, miembros del ejecutivo han anunciado que desean llevar la discusión de las medidas ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se espera que el ambiente sea más favorecedor que el enfrentado en los Circuitos del Sur del país.

Una vez la Corte Suprema decida si desea aceptar el caso, se esperaría que la entidad tome una decisión para mediados del 2016, meses antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En dado caso, la Corte Suprema es el último recurso con el que cuenta el presidente Obama para rescatar sus acciones ejecutivas y poner en práctica los alivios de deportación para los padres indocumentados de hijos estadounidenses (DAPA: Deferred Action for Parents of Americans), así como para la ampliación del beneficio para indocumentados que han vivido desde pequeños en los Estados Unidos (DACA ampliado).

De esta forma, los millones de inmigrantes indocumentados que están a la espera de una reforma migratoria que nunca fue discutida, y que después pusieron sus esperanzas en las acciones ejecutivas del presidente Obama, ahora deben dejar en manos de los miembros de la Corte Suprema el futuro de estos alivios.

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