Base de Guantánamo: el limbo entre lo político, lo jurídico y lo correcto

Base de Guantánamo: el limbo entre lo político, lo jurídico y lo correcto

David Guzmán Fonseca- Entre todo lo que está sucediendo actualmente con el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos, hay un tema del que se ha hablado poco. Se trata del asunto que, a pesar de las décadas de hostilidad entre los dos países, los ha mantenido vinculados: la base naval de Guantánamo. Se encuentra ubicada en el extremo sureste de Cuba, establecida por el Gobierno estadounidense después de ocupar la isla al finalizar la guerra Hispano‐Estadounidense en 1898. En 1903, el entonces presidente de la República de Cuba, Tomás Estrada Palma, firmó el Tratado Cubano‐Estadounidense. Este tratado formaba parte de la Enmienda Platt, que fue incorporada de forma forzosa en la Constitución de Cuba como requisito del Gobierno de Estados Unidos para abandonar el territorio ocupado. Sin embargo, en el mismo tratado se incluía que el naciente Gobierno cubano arrendaba de forma perpetua a los Estados Unidos un área de la bahía de Guantánamo (aunque conservando la soberanía sobre dicho territorio). Así fue que el Gobierno cubano permitió la ubicación en dicha zona de estaciones navales y reconoció el control y jurisdicción de los estadounidenses sobre la bahía de Guantánamo.

Desde la firma del tratado, surgieron críticas al mismo desde diferentes sectores de la sociedad cubana, las cuales se recrudecieron luego de 1959, cuando llegó al poder el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro. Debido al carácter socialista y antimperialista de la Revolución, el que los Estados Unidos tuviesen control sobre un territorio cubano se convirtió en uno de los campos de batalla durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Adicionalmente, el hecho de que el tratado se hubiese firmado bajo condiciones coercitivas hacía que su legitimidad se pusiera y se siga poniendo en cuestión.

El carácter naval de la base de Guantánamo ha ido cambiando con el tiempo, convirtiéndose primero en un centro de reclusión de inmigrantes cubanos y haitianos encontrados en altamar, y, más recientemente, en un centro de detención para sospechosos de terrorismo.

Desde este último cambio de función, que dio lugar tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la base de Guantánamo no ha dejado de estar en el foco de las críticas de la comunidad internacional, ya que son muchos los que consideran que los derechos básicos de los detenidos en la base son sistemáticamente violados.

De acuerdo con datos del New York Times, desde que el centro de detención de Guantánamo empezó a funcionar el 11 de enero de 2002, ha recibido a 780 personas sospechosas de terrorismo. De estos, 657 han sido transferidos a otros países y 114 aún continúan encarcelados (otros 9 han muerto en custodia). De los 114 que aún continúan recluidos en Guantánamo, 53 han sido recomendados para ser liberados o transferidos a otros países, 52 nunca han sido acusados de cometer ningún tipo de crimen y solamente 10 han sido acusados o encontrados culpables en tribunales militares.

La capacidad que tiene el Gobierno de los Estados Unidos para no otorgar derechos jurídicos a los recluidos en Guantánamo se explica por las características jurídicas del territorio ocupado. Debido a que, técnicamente, la base de Guantánamo no es territorio de los Estados Unidos, sino un territorio arrendado u ocupado, en esta área los estadounidenses –según sus argumentos– no pueden otorgar los mismos derechos que le otorgarían a cualquier otro sospechoso dentro de los Estados Unidos. Es decir, como la base estadounidense se encuentra en Cuba, no hay razón para otorgar derechos jurídicos básicos a los sospechosos de terrorismo.

Muchos de los que se oponen a Guantánamo consideran que este centro de detención se ha convertido en la prueba de cómo los políticos estadounidenses usan el miedo al terrorismo para promover políticas y acciones caracterizadas por no cumplir ni proteger derechos constitucionales y jurídicos básicos que los estadounidenses sí exigen que otros países del mundo cumplan y protejan.

Las expectativas para los detenidos que aún continúan recluidos sin haber sido acusados, o aquellos que han sido recomendados para ser liberados, siguen siendo poco alentadoras. En primera instancia, la localización de la base es de alto valor estratégico para los intereses de los Estados Unidos en el Caribe y el Golfo de México. En segunda instancia, cerrar la base de Guantánamo y transferir a los prisioneros a los Estados Unidos requiere del accionar del Congreso estadounidense, puesto que el Gobierno federal tiene prohibido por ley invertir en la relocalización de acusados o sospechosos de terrorismo que se encuentren en Guantánamo.

Así, el futuro de Guantánamo y los recluidos de la base parece encontrarse en el limbo. Aunque las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba han cambiado, que Guantánamo vuelva a estar bajo control cubano no parece estar en el futuro cercano. Igualmente, los políticos estadounidenses no parecen contemplar la opción de aceptar a los detenidos en territorio estadounidense. Por lo pronto, la justicia, la política y lo correcto siguen siendo cosas muy poco claras para los que se encuentran encerrados en Guantánamo.

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