Colombia, cerca del acuerdo de paz

Colombia, cerca del acuerdo de paz

David Guzmán Fonseca‐ El pasado miércoles 23 de septiembre, el Gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y los mandos del grupo de las FARC anunciaron que habían llegado a varios acuerdos fundamentales en las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Cuba. Estas negociaciones, que se han prolongado por más de tres tres años, buscan solucionar un conflicto que dura ya más de 50, y que ha dejado cerca de 250,000 muertos y 6.8 millones de victimas o afectados. Los acuerdos a los que llegaron el Gobierno y las FARC tienen que ver con el tipo de castigos o penas judiciales que debían recibir ambas partes en el caso de que se llegue a la solución final del conflicto. De acuerdo con esto, una vez alcanzado un convenio, los mandos de la guerrilla y los miembros del ejército podrían enfrentarse a entre cinco y ocho años de castigos por sus actos delictivos. El presidente Santos hizo hincapié en que los casos en que se hubieran dado actos de genocidio o violaciones graves a los derechos humanos no quedarían impunes. Asimismo, se acordó la creación de una jurisdicción especial bajo la cual se juzgarían dichos procesos, y que contaría con juristas colombianos y extranjeros.

Sin embargo, una de las críticas más repetidas a este acuerdo por parte de los detractores del proceso es que no se contempla, por ahora, el encarcelamiento de ninguno de aquellos que sean hallados culpables. Este es sin duda uno de los puntos que más difícilmente se le podrá vender a la opinión pública colombiana, que potencialmente sería la que tendría que aprobar o refrendar lo acordado en La Habana.

También se concretó que se daba un plazo máximo de seis meses para finalizar las negociaciones y llegar a un acuerdo final. Una vez se cumpla este plazo, los guerrilleros tendrían otro plazo de 60 días para entregar las armas.

Además, Santos afirmó: "Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz”. Esto marca un progreso representativo después de las dificultades por las que atravesó el proceso a mediados del presente año.

Aunque estos acuerdos son significativos, los que se han alcanzado en temas de desarrollo rural, las garantías para la oposición política y el negocio de las drogas ilícitas son parciales, y aún quedan diferencias por zanjar. Igualmente, el apoyo de la opinión pública en Colombia hacia las negociaciones no es mayoritario, si bien la mayoría sí desea la paz. Muestra de ello es la encuesta conducida por medios locales en julio pasado, según la cual el 74% de los encuestados se opone a que, ante un eventual tratado de paz, los miembros de las FARC participen en política. Además, un contundente 90% afirma que no se puede considerar la posibilidad de que los miembros de las FARC se libren de ir a la cárcel por los crímenes cometidos.

Cabe esperar que las bajas penas de aquellos que han cometido crímenes en las filas de las FARC se puedan traducir en un mayor obstáculo hacia una refrendación del acuerdo final. Adicionalmente, el que miembros de la oposición, como el popular senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe, hablen de impunidad va a llevar a una mayor polarización del colombiano medio, que no considera la legitimidad de las FARC.

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