El destino de un inmigrante ilegal en América del Norte

El destino de un inmigrante ilegal en América del Norte

Nuria García Murcia- Si visita un Centro de Detención de Inmigrantes en Estados Unidos, encontrará a los hombres en un edificio y a las mujeres en otro, pese a que a las familias se les permite estar juntas. En los centros de detención se mezclan criminales y personas normales, cuando el “delito” de las últimas es haberse atrevido a cruzar la frontera sin papeles. Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) localiza a un inmigrante indocumentado, este es trasladado hasta uno de los 180 centros. Probablemente lo haga esposado y no se descarta el uso de grilletes. Las pertenencias personales le serán retiradas y se le asignará una cama y un número. Deberá compartir habitación con más personas y su intimidad quedará casi anulada. Durante el día, tendrá que estar presente en el recuento que realizan los guardias de seguridad y recibirá varias comidas. En caso de no asistir al reparto de comida, ya sea por la visita de un familiar o de un abogado, no tendrá derecho a recibirla más tarde.

Después de leer esto, ¿no tiene la sensación de encontrarse ante la descripción de una verdadera cárcel?

Así son los centros destinados a retener a los inmigrantes que no cuentan con asilo político en Estados Unidos. Son tratados como auténticos prisioneros mientras esperan una resolución que les permita continuar en el país o ser deportados al lugar del que huyen.

La misión principal de los centros de detención, según declaraciones de la directora del ICE, Sarah Saldaña, es “mantener la seguridad pública y mejorar significativamente la deportación de individuos envueltos en crímenes. Enfocarse sobre todo en aquellos que representan un riesgo potencial para nuestras comunidades”.

Sin embargo, en la práctica estos centros no se han acercado a la misión principal que plantea Saldaña y, presionado por las continuas quejas de abogados de inmigrantes, legisladores democráticos y grupos de activistas en defensa de los derechos humanos, el pasado 24 de junio el Departamento de Seguridad Nacional se vio forzado a permitir la libertad bajo fianza a personas que poco o nada tenían que ver con la justicia penal. La mayoría de los aftectados fueron mujeres y niños, algunos participantes en una huelga de hambre con la que pretendían ponerle fin a las condiciones insalubres y los abusos sistemáticos que aseguraban recibir en el centro.

Además, una jueza federal, Dolly Gee, dictaminó el viernes pasado que todas las familias detenidas deben ser liberadas, puesto que las condiciones de su detención no cumplen con un acuerdo judicial de hace 18 años. Sin embargo, el fallo de Gee no significa una liberación inmediata, sino que da al gobierno hasta el 3 de agosto para explicar por qué el orden no debe entrar en vigencia dentro de 90 días.

La polémica no acaba con la puesta en libertad de familias. El inmigrante que pone un pie en la calle tendrá que comparecer ante el juzgado con el fin de que la administración conozca en todo momento su ubicación y situación. Además, una de las medidas que el Departamento de Inmigración de Estados Unidos podría establecer es la colocación de tobilleras electrónicas. Así que, ¿realmente se puede hablar de liberación?

A las irregularidades incurridas en la gestión interna, hay que sumarle la remota ubicación geográfica en la que se encuentran las instalaciones (alejados de las grandes ciudades) que dificulta el acceso de los inmigrantes al exterior.

Otra cuestión que pone en duda la viabilidad de estos centros es la ingente cantidad de dinero destinada a su gestión y mantenimiento. Más de 6 billones de dólares del presupuesto del Estado están designados a los 850 centros, de los cuales solo 8 están directamente gestionados por el Estado y el resto adjudicados a empresas privadas que se aseguran elevadas sumas de dinero. Es una enorme inversión por mantener a diario tras las rejas a más de 34.000 personas cuya gran mayoría no ha cometido crimen alguno.

Los Centros de Internamiento de Inmigrantes de Estados Unidos, en funcionamiento desde 2003, fueron cerrados en 2009, poco después de la llegada de Obama a la administración. No obstante, en 2012 se anunció su reapertura con el fin de controlar el flujo migratorio e impulsar la seguridad ciudadana. Aunque las noticias de la liberación de inmigrantes y de la revisión del protocolo de reclutamiento por parte del ICE se reciben positivamente, queda mucho trabajo en materia de derechos humanos. Casos como el de Celina Gutiérrez Cruz, que está teniendo lugar en un centro de Texas, constata el largo camino por hacer. Celina cruzó la frontera ilegalmente junto a su hija para salvar sus vidas. Ambas se enfermaron en el centro. Ahora las autoridades se niegan a dejarlas marchar mientras sigan enfermas. En cambio, su abogada defiende que no mejorarán hasta que se reduzcan sus niveles de estrés, algo que ocurriría si fueran puestas en libertad. Celina es solo un ejemplo de las miles de personas que llevan meses, e incluso más de un año, esperando una resolución que sea favorable. Esta situación demuestra que conseguir una vida en condiciones bajo la premisa del sueño americano no parece tener precio.

Los videos que ponen en jaque mate a los policías violentos

Los videos que ponen en jaque mate a los policías violentos

En proceso el programa de refugiados centroamericanos

En proceso el programa de refugiados centroamericanos