DACA, DAPA y millones de personas en el limbo

DACA, DAPA y millones de personas en el limbo

David Guzmán Fonseca- El pasado 19 de mayo debían de haber entrado en vigencia la acciones ejecutivas en temas migratorios anunciadas por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. Este día, el presidente estadounidense anunció una serie de medidas que buscan hacer ciertos cambios al sistema migratorio estadounidense. Sin embargo, no había terminado el presidente de anunciar sus reformas, cuando ya varios políticos y los estados a los que representan también comenzaban a anunciar sus demandas legales para invalidar algunas de estas medidas. Como resultado el 16 de febrero de 2015 el juez Andrew Hanen, del estado de Texas, decidió que en la demanda impuesta por Texas y otros 25 estados más, los demandantes tenían la razón y por ende ponían un pause a las acciones ejecutivas del presidente. En particular, el juez Hanen decidió detener las medidas que concedían derechos a padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes estadounidenses (Deferred Action for Parents of Americans o DAPA), así como las que expandían el programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia (DACA por sus siglas en ingles). Igualmente, el pasado 26 de mayo la Corte de Apelaciones del Circuito Quinto de los Estados Unidos decidió denegar la demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que buscaba reversar la decisión del juez Hanen. Por ahora lo que queda para poder reversar dicha decisión es que el gobierno apele ante la Corte del Circuito en pleno o ante la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera de las dos opciones podría demorar varios meses.

Estos programas conceden un estatus cuasi legal a millones de padres y jóvenes que habitan en los Estados Unidos. El DACA que fue creado en el año 2012 permitió que cerca de medio millón de jóvenes que habían llegado al país como niños pudieran tener un permiso de trabajo y así mismo fuesen aliviados de la posibilidad de ser deportados. El DACA expandido y el DAPA que el presidente Obama buscó crear en noviembre pasado tenían características similares al programa aprobado en el 2012. De acuerdo con datos del Migration Policy Institute, lo puesto en marcha de este nuevo programa beneficiaría a alrededor de 3,7 millones de personas bajo el DAPA y a cerca de 275.000 personas bajo el DACA extendido. Sin embargo, al día de hoy estos cerca de 4 millones de inmigrantes indocumentados no van a poder contar con estos beneficios y se encuentran a la espera de que se decida en un circuito de apelaciones la suerte de las medidas presidenciales.

La demanda impuesta por Texas y los otros estados solo buscó afectar la ampliación y creación de estos programas, pero no buscó tumbar el anterior programa del DACA. Sin embargo, desde el momento en que las quejas y reclamos de los políticos en contra de las medidas se hicieron públicos, muchos sabían que iban a encontrar en el juez Hanen a un aliado político. Este juez fue designado por el expresidente George W. Bush y desde entonces ha mostrado en sus decisiones respecto a temas migratorios un acercamiento bastante particular y polémico.

En diciembre de 2013, en un caso en el que se juzgaba a una mujer que había intentado traer a los Estados Unidos a una niña de 10 años para reunirla con su madre, el juez no solo decidió en el caso de la mujer, sino también opinó sobre el gobierno y la necesidad de encarcelar o deportar a la madre de la menor. De acuerdo con la opinión del juez, el gobierno no solo incumplió las leyes sino que también las violó al permitir que la menor de edad fuera reunida con su madre. Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos en política migratoria, cuando un menor de edad es capturado, y después de una audiencia judicial, este debe reunirse con un familiar. Aunque este caso no estaba en discusión en esta corte el juez también opinó que la madre debía ser capturada por participar en el tráfico de personas y que también debía ser deportada. Es decir, el juez fue más allá de los alcances de su caso e hizo una clara crítica al gobierno, así como mostró su actitud frente al tema migratorio.

Es así que la decisión del juez frente a las acciones ejecutivas sólo representa uno de los múltiples casos en los que éste ha fallado en contra de los intereses de la población hispana indocumentada. Lamentablemente, cerca de 4 millones de personas que podrían haber recibido los beneficios y la tranquilidad que las medidas presidenciales traían han quedado en el limbo. En este caso, como en otros muchos más, el futuro de miles de familias ha quedado inmerso en los juegos políticos estadounidenses.

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