En Ecuador la libertad de prensa sigue un patrón conocido en Latinoamérica

En Ecuador la libertad de prensa sigue un patrón conocido en Latinoamérica

David Guzmán Fonseca- El uso del internet se ha convertido en una actividad cotidiana y casi mundana en el día a día de una gran mayoría de nosotros. Al usar plataformas como Facebook, Twitter o Instagram tenemos acceso a un mundo de información que nos permite tener un mayor nivel de conocimiento sobre lo que sucede en nuestro país y alrededor del mundo. No es por lo tanto sorprendente la importancia de la internet en las revoluciones en el mundo Árabe, en las que a pesar del alto nivel del control de los medios tradicionales por parte de los gobiernos, las plataformas virtuales sirvieron cómo la herramienta para organizar e impulsar movilizaciones sociales que en algunos casos llevaron al derrocamiento de gobiernos autoritarios. A partir de este momento es mucho más claro el poder y los alcances que tiene una población cada vez más intercomunicada, y que no precisa de los medios tradicionales para transmitir información. Las viejas estrategias gubernamentales que permitían asustar, controlar o cooptar a los canales de televisión, a los periódicos e incluso a los periodistas son de difícil aplicación en un mundo en el que cada de uno de nosotros tiene el potencial de generar y compartir conocimiento sin la participación de intermediarios. Sin embargo, los gobiernos han aprendido de las lecciones del pasado y han conseguido limitar no sólo el acceso a los medios masivos tradicionales, sino que han generado mecanismos para controlar el contenido en la plataformas virtuales, generando herramientas legales que permiten que el gobierno ejerza un mayor control sobre lo que la gente publica. Así mismo, el gobierno ha hecho uso de la internet para promover sus intenciones y desvirtuar a sus adversarios. Así, la forma en que muchos gobiernos, incluyendo varios latinoamericanos, han hecho frente a la amenaza que significa un público informado sin intervención del gobierno, ha sido la de controlar las libertades en línea y así mismo usar estos medios para su propio beneficio.

En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el 2013 se muestra a simples rasgos como una ley con actitud progresista que promueve la libertad de expresión y niega la censura. Al mismo tiempo, en un artículo publicado por el Diario El País de España, bajo la autoría de José Miguel Vivanco y Eduardo Bertoni, se argumenta que el gobierno ecuatoriano ha utilizado una Ley estadounidense, con la asesoría de una firma española, para que redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube quiten de sus plataformas comentarios o videos que van en contravía de los intereses o la imagen del gobierno ecuatoriano, en particular del presidente Rafael Correa. De acuerdo con este artículo, bajo la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), aprobada por el Congreso norteamericano en 1998, se permite que proveedores de servicios en línea eliminen contenidos que violen derechos de autor o propiedad intelectual sin la necesidad de una orden judicial. Así, el gobierno ecuatoriano supuestamente argumenta que ciertos contenidos violan los derechos de propiedad intelectual y por ende deben ser eliminados por dichas plataformas virtuales. A pesar de lo diciente de dicha acusación, tal vez es aún más interesante la respuesta que el gobierno ecuatoriano ha tenido frente a este artículo.

En una réplica al artículo publicada en el sitio web de la Secretaría Nacional de Comunicación, el Secretario de la misma, Fernando Alvarado Espinel, desvirtúa el artículo basado en dos argumentos fundamentales. Primero, asevera que las afirmaciones hechas van en contravía del ordenamiento jurídico ecuatoriano y la misma Ley Orgánica de Comunicación. Si bien esto puede ser cierto al analizar por encima lo que la Ley afirma, como en cualquier Ley es necesario leer artículo por artículo, más aún contemplando que contenidos, anexos y reformas fueron incluidos en la Ley sin haber sido debatidos. Varios artículos, a pesar de la supuesta plena libertad de expresión y medios, generan límites o promueven la autocensura. Por ejemplo, el Artículo 26 prohíbe el “linchamiento mediático”, que consiste en la imposibilidad de difundir información de forma concertada y reiterativa de una persona natural o jurídica y que pueda llevar a su desprestigio o la reducción de su credibilidad. Es decir, que si usted y un grupo de otros medios decide hacer un reportaje investigativo por corrupción a un servidor público, puede incurrir en el delito de linchamiento público. Así mismo, los Artículos 19 y 20 hablan de la “responsabilidad ulterior”, definida como “la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación”. Estos artículos responsabilizan civil y penalmente a quienes difunden información por los contenidos que publican. Por ejemplo, los periódicos en línea son responsables por observaciones divulgadas por los usuarios en la sección de comentarios, y también los obliga a recoger información precisa que permita la identificación de cada uno los comentaristas, como lo son su nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad. Esto significa que cuando una persona decide hacer un comentario en línea que va en contra del gobierno o uno de sus funcionarios, no sólo el medio por el cual expresa dicha opinión es responsable, sino que también se busca identificar a aquel que posee dicha opinión.

Una segunda línea de argumentación se puede ver cuando el Secretario Alvarado dirige sus comentarios en contra de uno de los autores del artículo, acusando a José Miguel Vivanco (director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch) de haber apoyado los servicios de inteligencia chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este es uno de muchos casos en los que las consecuencias jurídicas de desprestigiar no aplican para los agentes gubernamentales. No es poco común encontrar al Presidente Correa en su programa sabatino yendo en contra de sus adversarios políticos y desprestigiando de múltiples maneras a los diarios nacionales, a los cuales acusa de tener una cobertura sesgada. Sin embargo, los mensajes oficiales no se encuentran cobijados bajo la Ley Orgánica de Comunicación, lo cual permite que sus contenidos no sean regulados de la misma forma en que son regulados los mensajes informativos. Es decir, el presidente y el resto de los miembros de su gobierno tienen el derecho a estar por fuera de la Ley y así operar bajo la libertad que deberían inicialmente tener los medios.

En este artículo hemos estudiado de forma detallada el caso de la libertad de prensa y expresión en Ecuador, tanto a los medios tradicionales como a los nuevas modalidades de comunicación. Sin embargo, el caso ecuatoriano dista de ser un caso único o especial en América Latina, y por el contrario hace parte de una serie de esfuerzos por parte de gobiernos por acallar y desvirtuar a sus críticos. En el caso de la Argentina, por ejemplo, el gobierno ha logrado nacionalizar las empresas productoras de papel periódico, limitando el acceso a este papel por parte de periódicos opositores. Al mismo tiempo, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha utilizado plataformas virtuales para acusar a sus opositores de la muerte del fiscal Alberto Nisman, acto del cual se le acusa a la administración de la misma presidenta. En Venezuela, por su parte, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han impuesto unas series de reformas legales similares a las impuestas en Ecuador, mientras que de acuerdo con un reporte de Freedom House cada vez se genera un mayor control sobre los contenidos de plataformas como Twitter y Facebook. Los gobiernos cada vez más autoritarios de la región no parecen rezagarse ante los avances del internet; por el contrario, se siguen retardando en promover las libertades y derechos de sus ciudadanos.

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