El controvertido retorno a casa de los rancheros Hammond

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Francisco Machalskys- Por estos días, el condado de Harney —el más grande de Oregón y de naturaleza mayormente agropecuaria—, y en concreto, su capital, Burns, que para 2010 contaba con una población de 2,806 personas, se halla en el punto de mira de todo el planeta, agitado por un ambiente festivo que amenaza con volverse estallido de rebelión. Y es que, la casi totalidad de sus habitantes recibió con honores de héroes populares a Dwight Hammond (79) y a su hijo, Steve Hammond (46), que salieron de prisión gracias a un indulto otorgado por el propio presidente Donald Trump.

El hecho que llevó a los rancheros Hammond entre rejas por espacio de cinco años se convirtió en punta de lanza que levantó simpatías entre grupos defensores de los derechos individuales, críticos del control gubernamental excesivo y antifederalistas por igual. Quienes disfruten de buena memoria, recordarán que un tribunal federal condenó a los rancheros en 2012 a pagar con prisión el haber aplicado fuego a su propiedad, destinada a labores de pastoreo, lo que causó el incendio de tierras pertenecientes al Gobierno federal.

La ocurrencia de dicho suceso tiene su origen en una tensa relación sostenida entre los Hammond, que se dedicaban a la cría de ganado, y la Oficina de Manejo de Tierras (Bureau of Land Management), dueña de las tierras colindantes con la granja de estos. Y no se trata de un espacio vecino cualquiera, sino nada menos que del Refugio de Vida Silvestre Malheur, un edén creado en 1908 por el presidente Theodore Roosevelt para la protección de aves migratorias. Su carácter de Parque Nacional restringía prácticamente cualquier tipo de actividad de los laboriosos Hammond, hasta que una serie de infortunadas quemas de maleza se descontroló y traspasó sus tierras. Los fuegos se registraron entre 2001 y 2006. En el juicio, los rancheros Hammond dijeron haber prendido el fuego para combatir la maleza, pero los abogados de la contraparte argumentaron que estos lo habrían hecho como modo de acabar con la evidencia de cacería ilegal.

Un tribunal federal determinó en 2012 que, entre dicho lapso de tiempo, los Hammond habrían perpetrado diecinueve delitos, que, por consideraciones “humanitarias”, fueron reducidos a solo dos faltas, lo que dio como resultado una condena de al menos cinco años; el juez, sin embargo, halló excesiva la condena y dictaminó que Dwight pasara solo tres meses en la cárcel y su hijo Steve, un año y un día. Y aunque ambos cumplieron la pena establecida y volvieron posteriormente a casa, el Gobierno federal apeló esa sentencia, devolviéndolos a la cárcel en 2016, lo que fue posible gracias a una ley antiterrorista de 1996.

La vuelta a prisión de los Hammond supuso una afrenta colectiva para la masa de criadores, cuya actividad siempre se ha visto afectada por el proteccionismo de las tierras de propiedad federal. En especial, motivó de manera negativa a Cliven Bundy, ranchero del poblado de Nevada, Oregón, sobre quien pesan cargos por negarse a pagar el uso de tierras públicas para pastoreo, y a su hijo, Ammond Bundy, célebre por organizar una milicia antigobierno que tomó las instalaciones del Refugio de Vida Silvestre Malheur, en un infortunado y violento episodio que terminó con la muerte de un activista y la detención de decenas de estos.

Ahora, el indulto de los Hammond y su regreso a casa ha sido causa de una polarización de opiniones en cuanto a los alcances de las disposiciones gubernamentales sobre los ciudadanos, versus la propia responsabilidad individual cuando de los bienes comunes se trata; convirtiéndose, cómo no, en una nueva trinchera de forcejeo político entre demócratas y republicanos.

Así, representantes de la Administración Trump opinaron: “Los Hammond son hombres dedicados a la familia, contribuyentes respetados de su comunidad local y cuentan con un amplio apoyo de sus vecinos, la policía local y los granjeros y rancheros de todo el oeste”, al tiempo que el representante republicano de Oregón, Greg Walden, argumentó que ambos hombres nunca debieron haber sido enjuiciados a la luz de una ley antiterrorista.

Por su parte, Liz Goddard Appelman, jubilada de la Oficina de Manejo de Tierras, ve con preocupación el tratamiento de héroes que se le pretende dar a dos personas que infringieron la ley y perpetraron un delito que pone en riesgo la vida de guardaparques y bomberos. “Veo venir entusiasmo por organizar una guerrilla y conquistar por la fuerza concesiones por encima de la ley”, se lamentó. Lo mismo opinó Jennifer Rokala, directora del grupo ecologista Center for Western Priorities, al decir: “Al perdonar a los Hammond se envía un mensaje peligroso a los guardaparques de los Estados Unidos, a los bomberos forestales, a los agentes del orden público y a los administradores de tierras públicas, en respaldo a extremistas sin ley”.

Incluso, hay quienes dan una mirada un tanto maliciosa a la, en apariencia, medida considerada del presidente Trump, al vislumbrar que, tras este reciente indulto, el jefe de Estado, no muy proclive a controles ambientales y a reservas a futuro, estaría dando pasitos de bebé muy difuminados, pero visibles, en torno al uso de las tierras públicas, pertenecientes a todos los estadounidenses, con fines inmediatos y pocos supervisados, como tantas veces ha señalado al referirse, de manera jocosa, al calentamiento global y la sobreexplotación petrolera, entre otros delicados temas de afectación colectiva.

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