Los inmigrantes indocumentados no son los responsables del aumento de los delitos violentos, según varios estudios

Francisco Machalskys- Son innumerables las veces que el presidente Donald Trump ha tratado de argumentar la supuesta culpabilidad de la población migrante indocumentada como responsable de los delitos violentos que parecen ir en aumento en nuestro país. Leitmotiv de su campaña electoral, no resultó para nada sorpresivo que terminara convirtiéndolo en mandato federal, cuando ordenó, a solo cinco días de ser investido como jefe de Estado, la publicación semanal de una lista de faltas a la ley cometidas por residentes ilegales, medida que fue acatada únicamente hasta febrero de 2017 por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que consideró necesaria “la revisión de su metodología”, según expresó Danielle Bennet, portavoz de la agencia.

En consonancia, quizás, a las dudas del propio servicio de inmigración y a la opinión de tantos estadounidenses que no ven en la masa migrante la raíz absoluta de los males de nuestra sociedad, distintos medios de comunicación han destacado la vigencia de cuatro estudios que ponen en entredicho la dogmática creencia de nuestro actual presidente, que amenaza con polarizar peligrosamente la opinión pública del país.

El primero de los análisis es el realizado por la Universidad de Wisconsin, que fue conducido por el criminólogo Michael Light, quien comparó las tasas de inmigración entre 1990 y 2014 con la sucesión de delitos como homicidios, violaciones y otros ataques violentos. Light descubrió que, aun cuando la población indocumentada creció de 3,5 millones de personas a 11,3 millones en ese periodo, la ocurrencia de tales faltas se redujo a la mitad. A modo de conclusión, el estudio destacaba la naturaleza selectiva de esta población, que prefiere pasar desapercibida, evitando a toda costa meterse en problemas para evitar la deportación.

Light participó en un segundo estudio junto a los mismos investigadores del anterior Ty Miller y Brian Kelly, basado esta vez en la ocurrencia de delitos no violentos. Los resultaron fueron similares: el gran crecimiento de la población migrante indocumentada no representó un significativo influjo en los arrestos de personas bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicotrópicas, entre otras faltas. “No hallamos evidencias de que este sector de la población contribuyera en la incidencia de estos actos”, afirmó Light durante una entrevista telefónica.

Por su parte, el Instituto Cato, una organización independiente que defiende la libertad individual, el libre mercado y la paz desde 1977, avaló un informe que revelaba que la masa migrante del estado de Texas, tanto legal como indocumentada, presenta un índice de criminalidad un 85% menor que la registrada por personas nativas estadounidenses. En tal sentido, el autor principal del estudio, Alex Nowrasteh, citaba que para 2015 fueron procesados en ese estado casi 410,000 residentes estadounidenses por abuso sexual, drogas o violencia, frente a los casi 22,000 inmigrantes arrestados por la misma causa.

Finalmente, el diario británico UK Journal publicó una edición especial denominada Migration Letters en la que demostraba, entre otros datos referentes a la población foránea estadounidense, que los jóvenes indocumentados se involucran menos en actividades delictivas que sus pares nativos. De ella da cuenta Art Acevedo, jefe policial de Houston, Texas, quien mantiene una hoja de trabajo en esas lides desde hace treinta y dos años: “De mi larga experiencia puedo decir que los inmigrantes son personas trabajadoras; vienen aquí a ganarse la vida honradamente”, asegura.

Cabe destacar que estos y otros estudios, como el de Pew Research, sobre la baja incidencia de criminalidad entre la población migrante incluso en su segunda generación vienen siendo difundidos con amplitud por distintos medios de comunicación estadounidenses desde, por lo menos, 2014, un poco antes de que el hoy presidente de la nación se embarcara en su aventura electoral y triunfara, precisamente proyectado por los argumentos contrarios, que buscan demonizar a un sector que compone nuestra sociedad —y que es probadamente generador de riqueza— como responsable de desarticulaciones sociales, de cuyas consecuencias, hace rato, se viene advirtiendo, como el ineficiente control sobre las armas de fuego, por nombrar solo uno.