La presión popular pone contra las cuerdas al Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua

 Foto: ONG Nicaragua

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Brida Marcano- La vuelta al poder en 2006 de José Daniel Ortega Saavedra, viejo dirigente y líder del mítico movimiento guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), da muestra de estar llegando al final de su larga y aparente luna de miel con el gentilicio nicaragüense, que entonando la clásica consigna izquierdista de “El pueblo unido jamás será vencido” ha reaccionado de manera combativa en contra de un pretendido e inconsulto aumento del 21% a la tasa del Instituto de Seguridad Social (INSS).

El impopular anuncio fue hecho el pasado 16 de abril, y al momento de redactarse esta nota, ya arribaba la patria del poeta Rubén Darío a una semana de violentos disturbios, con repliegue del Ejército en las principales ciudades y un saldo de muertes que van de diez a treinta personas ejecutadas por los cuerpos de seguridad. Entre los caídos se cuenta el periodista Ángel Gahona, del noticiero local El Meridiano, ultimado de un balazo en la cabeza. Algunos medios aseguraron que su asesinato fue registrado en un video.

La chispa del descontento la provocó la proclama hecha por el director del INSS, Roberto López, explicando que a partir de julio del año en curso los trabajadores pagarían un 21% más de sus cotizaciones del seguro social, que ascendería a un 22% en 2019. Para colmo, la medida contempla además una reducción de las pensiones de entre 13 a un 15% por cónyuge con discapacidad, y de 9 a 10% por cada hijo menor de 15 años o ascendientes mayores de 60 años. Y si parecía poco, se agrega además la eliminatoria del llamado “salario máximo para cotizar”, que es de 88.005,78 córdobas (o 2,818 dólares); de manera que una persona con salario superior, deberá cancelar el 7% de su salario bruto.

Medios gubernamentales informaron que con la medida se pretende recaudar unos 250 millones dólares destinados a zanjar las deudas arrastradas por el INSS, que presenta un déficit que supera los 75 millones de dólares. Según publicara el portal web de la televisora de línea izquierdista TeleSur, la presidenta Violeta Chamorro aprobó en 1993 un Certificado Negociable de Inversión proveniente del INSS por 9 millones de dólares; mientras que, en 1994, la institución hizo un préstamo de 14 millones de dólares al Banco de Vivienda, y entre 2000-2003 asumió deudas de hasta 10 millones de dólares en un intento de privatizar las jubilaciones.

Parte de la actual crisis por la que atraviesa el Gobierno de Daniel Ortega obedece, además, al resquebrajamiento del esquema mixto de economía que ha intentado sobrellevar este heredero del sandinismo, que por mucho tiempo logró insuflar una burbuja de prosperidad que trajo estabilidad monetaria relativa; no en balde, y a través del esquema inversión 51% Gobierno – 49% privado (quedando el aparato gubernamental como dueño de toda el aparato productivo con dineros foráneos), Nicaragua atrajo en 2017 más de 1,500 millones de dólares, con énfasis en el turismo y la telefonía.

Solo que el sector privado, mayor financiero de este reexperimento socialista resucitado en 2006 con respaldo del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez (empeñado en diseminar triunfos electorales izquierdistas por toda América Latina), parece empezar a decir “basta ya”. De hecho, con toda la carga taxativa colocada en los hombros de la clase trabajadora, el Gobierno de Daniel Ortega buscó por todos los medios reducir el aporte en materia de seguridad social por parte del empresariado, al que ya han dicho no. La cúpula empresarial rechazó reunirse con Ortega, vaticinando el golpe que representa dicha medida, así como en rechazo a la represión desplegada en contra de la ciudadanía.

Acorralado por el descontento popular y por la negativa empresarial —con cuyo apoyo esperaba sofocar el avance de las manifestaciones—, Daniel Ortega terminó por derogar las anunciadas reformas, reconociendo, en palabras propias, que “no tuvieron viabilidad y crearon una situación dramática”. Lo que no se sabe, empero, es si efectivamente se trata de una situación —y como tal pasajera— o es el inicio de una confrontación en desarrollo. Aparte de la huelga de transporte que paralizó en 2008 al país y dejó dos muertos en confrontaciones, nunca un anunció oficial había causado una respuesta tan contundente por parte de la población.

Por lo pronto, el servicio diplomático estadounidense anunció la suspensión temporal de sus embajadas y se encuentra retirando a su personal en forma paulatina, al tiempo de que aconseja a sus ciudadanos considerar de manera especial la necesidad real de ingresar a territorio nicaragüense. Al cierre de esta nota, y arribando a una semana de disturbios, la policía concentraba sus acciones represivas alrededor de los centros de educación superior (en especial la Universidad Politécnica de Nicaragua), al tiempo que el escritor Sergio Ramírez dedicó su recién galardonado Premio Cervantes 2017 a los caídos en protesta. “Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando porque Nicaragua vuelva a ser república”, completó Ramírez, de manera emotiva.