¿Presiona el Gobierno federal a las autoridades fronterizas para obviar las solicitudes de asilo?

 Foto: Gordon Hyde, Ejército de Estados Unidos por Creative Commons (dominio público)

Foto: Gordon Hyde, Ejército de Estados Unidos por Creative Commons (dominio público)

Francisco Machalskys- Según el portal web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), cada año llegan miles de personas a este país, la gran Unión americana, solicitando protección a causa de persecuciones por causa política, religiosa, racial o sexual. Asimismo, el portal recomienda el llenado de una solicitud, en este caso, el formulario I-589, que la persona debe entregar una vez llegada a los Estados Unidos.

Significa, pues, si un elemental ejercicio de lógica cabe aplicar al párrafo anterior, que la persona solicitante de asilo debe ingresar a territorio estadounidense para formularlo. De hecho, conforme a la legislación migratoria vigente, el personal de agentes migratorios está en la obligación de preguntar a las personas que llegan a la frontera sin documentación de entrada si alguna amenaza les impide regresar a su país; de ser positiva la respuesta, estas tienen derecho a que se las ponga en contacto con personal que tramite asilo a fin de concertar una entrevista para verificar si su miedo es real.

A pesar de ello, la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha denunciado recientemente un aumento de los supuestos abusos cometidos por agentes fronterizos, e incluso por personal del propio USCIS, en contra de solicitantes de asilo, en especial de aquellos provenientes de Centroamérica. Y así lo hace constar a través de un informe previo donde se registran actos concretos de atropello perpetrados por estos representantes públicos y, lo que es más grave, reportes de lo que serían omisiones y hasta negativas a procesar solicitudes de asilo.

Agrega el informe redactado por Human Rights Watch y el Consejo de Inmigración Americano que, ante las denuncias reiteradas, se solicitó a USCIS un reporte sobre el trato inadecuado por parte de agentes fronterizos. Entre la información requerida entre 2006 y 2015, se detectaron problemas, como el de un agente que se mofó de una mujer transgénero durante horas y se negó a tomarle declaración, o el de un menor llegado por un punto de Texas que fue echado al piso por un golpe en la frente propinado por un funcionario policial, entre otros tantos, que llegan a la centena.

La investigación, además, determinó cierto encono en la tarea de desoír la petición inicial de asilo —que debe ser ofrecida espontáneamente por los agentes fronterizos o por el personal de USCIS— a personas procedentes de Honduras, desestimando arbitrariamente el difícil momento político que transita dicha nación, lo que hace que quede además pendiente el hecho real de que el número de solicitantes de asilo continúa aumentando cada día. Human Rights Rights prometió entregar un informe más completo que abarque lo que va de 2018.

Lo cierto es que el presidente Donald Trump y el fiscal general Jeff Sessions han argumentado públicamente que el sistema de asilo encierra en su seno una serie de engaños de lo solicitantes, en su intento por hacer efectiva su entrada legal a Estados Unidos al valerse de la situación vivida en sus países de origen, que no siempre repercute de manera directa en sus vidas personales. En tal sentido, la administración Trump ha reducido el número de 110,000 peticiones de asilo anuales aprobadas por el Gobierno de Barack Obama a solo 50,000 en 2018, con una nueva disminución en 45,000 para el año en curso, estableciendo además limitaciones a solicitantes de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Yemen y Venezuela.

La publicación de ese informe por parte de Human Rights Watch coincide con la demanda introducida en contra de la administración Trump por nueve migrantes solicitantes de asilo, por haber permanecido injustamente detenidos mientras el proceso de su solicitud —que nunca se ha caracterizado por ser expedito— toma su curso. Encabeza la demanda Ansly Damus, profesor haitiano de 41 años, quien arriba a su decimosexto mes detenido en Ohio, mientras las autoridades apelan su caso.

Para vislumbrar un poco la posición oficial ante esta situación, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Michael Tan destacó la reciente disposición de la Corte Suprema en cuanto a no conceder derecho a audiencia a aquellos solicitantes de asilo que crucen la frontera estadounidense de manera ilegal. “Esto convierte cualquier derecho de los posibles asilados, efectivamente escrito en papel como ley, en letra muerta”, apuntó.