Estalla en California la batalla de la Administración Trump por endurecer las políticas migratorias

 Foto: US Department of Homeland Security

Foto: US Department of Homeland Security

Francisco Machalskys- En la que ha sido calificada como la primera “jugada ruda” de la Administración Trump por imponer una línea dura en política migratoria—una de sus promesas electorales, es importante tenerlo presente—, el Gobierno federal acaba de imponer una demanda contra el estado de California y sus altos funcionarios. La sanción, según la Casa Blanca, obedece a “la poca colaboración” prestada por sus autoridades para facilitar la detección y la deportación de inmigrantes indocumentados.

La demanda fue introducida en Sacramento por el secretario de Justicia Jeff Sessions, al referirse burlonamente a las leyes californianas como “irracionales, injustas e inconstitucionales”, en abierta alusión a las tres recientes en defensa de los inmigrantes, aprobadas por su gobernador, Edmund G. Brown, de militancia demócrata. Tales leyes prohíben a los empleadores informar sobre la existencia de indocumentados entre su personal, y a los policías del estado informar a los agentes de inmigración cuando una persona indocumentada es detenida y posteriormente liberada sin cargos, así como la solicitud para inspeccionar los centros de detención para personas sin documentos.

Brown, por cierto, se refirió a esta medida sancionatoria como “el inicio de un reinado de terror” sobre los estados de la Unión no proclives a aplicar persecuciones extremas en contra de ciudadanos indocumentados, a lo que agregó: “El presidente Trump pretende iniciar una guerra contra el estado de California. En un momento de agitación política, viene Sessions a polarizar aún más Estados Unidos”.

Como siempre —y se ha convertido en el tema central de la campaña antimigratoria extrema—, Sessions ha asegurado que la demanda busca “motivar” a la región californiana a dejar de “escudar” a delincuentes ocultos entre las filas inmigrantes. Sin embargo, el procurador de California Xavier Becerra fue enfático a la hora de defender las leyes aprobadas por el gobernador Brown, al explicar que estas no menoscaban en ningún punto la ley federal. “Nuestros muchachos [policías] trabajan duro para atrapar a los narcotraficantes, combatir la delincuencia juvenil, acabar con los círculos de explotación sexual, y no tenemos ninguna intención de parar nuestro trabajo”, advirtió.

El careo, como suele pasar en estos casos de dimes y diretes entre republicanos y demócratas en torno a disposiciones legales que destilan posiciones políticas abiertamente sesgadas, no ha hecho más que empezar. En respuesta, Sessions afirmó ante cien agentes de policía en Sacramento: “La Administración Trump no rechaza la inmigración, pero Estados Unidos no puede recompensar con naturalización fácil, cupones para comida y Green Cards a granel a quienes entren a nuestro país fraudulentamente”. Quizás se refería a los proyectos de ley californianos que buscan extender el healthcare, otorgar licencia de conducir y facilitar educación a más de 2,3 millones de indocumentados.

Más allá de las posiciones a favor y en contra de la medida, llama la atención los resultados de una encuesta realizada en California el pasado mes de enero por la organización no partidista Instituto Público de Política, en la que el 58% de los participantes se mostró a favor de una acción migratoria mixta entre las disposiciones federales y las propias del estado californiano. Por su parte, muchos agentes policiales aseguraron que seguirán acogiéndose al modo ciudad santuario de restringir información sobre ciudadanos indocumentados a las autoridades de inmigración, a menos que se trate de casos serios de personas violentas o inmersas en actividad delictiva.

Lo más interesante del caso es que el presidente Trump, muy en su estilo de “diplomacia beligerante”, ha anunciado un viaje a California días después apenas de haber sido formulada la demanda —y de haber alborotado el avispero a nivel nacional, cabe aclarar—. En un comunicado de prensa, la portadora de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, aseguró que la visita de Trump será “altamente positiva; irá a ver los prototipos del muro fronterizo y se reunirá con efectivos de las cinco ramas del ejército”, puntualizó.

El presidente Trump había “dejado pasar” la visita al estado más poblado y productivo de la Unión americana. Y por los vientos que soplan, no parece el mejor momento para hacerlo, gracias a su propia medida, sin contar que aún el congreso no termina de aprobar los 18,000 millones de dólares solicitados para erigir el muro fronterizo, y los activistas promigración mantienen la protesta en contra de lo que llaman “una militarización del estado de California”. En todo caso, las autoridades ya han anunciado restricciones de circulación y permanencia en espacios públicos de San Diego, Los Ángeles y Otay Mesa hasta pasada la visita presidencial… solo por si acaso.