Crisis catalana: entre la polémica detención de Jordi Sànchez y la propuesta de doble presidencia

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Francisco Machalskys- Quienes apostaron por la fuga del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont a Bruselas como el remedio último a la llamada “crisis catalana” —por aquello de vincularlo como cabecilla de la intentona separatista de la unidad española— han tenido que desestimar sus pronósticos iniciales ante la dilación de lo que parece un estancamiento de la situación, que a sus más de cien días no para de complicarse con las largas dadas a la detención de Jordi Sànchez y el estira y encoge de centristas e independentistas en su intento estos últimos por negociar una suerte de “doble presidencia”, propuesta que, para muchos, solo perseguiría proteger el pellejo del prófugo Puigdemont.

Jordi Sànchez, líder de la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de la coalición electoral independentista Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña), fue detenido el pasado 16 de octubre por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acusado de sedición al ser una de las figuras claves en la organización del referendo independentista del pasado 1 de octubre, bautizado por los medios españoles como el 1-O, y que desencadenó la actual crisis geopolítica por la que transita la autonomía catalana.

Así, la detención de Jordi Sànchez y de otros dirigentes independentistas catalanes ha tomado un viraje de “paño rojo” del que se vienen aprovechando los sectores catalanistas, pero también los centralistas, con bastante efecto mediático. Por ejemplo, Amnistía Internacional emitió un comunicado recientemente en el que exige su liberación “de manera inmediata, puesto que la prolongación de su prisión provisional constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

Los partidarios de la unidad de España, por su parte, no han escatimado en palabras que no solo justifiquen la acción, sino que pidan la profundización de la medida. Algunas investigaciones responsabilizan a una conocida institución de estudios superiores, la Fundación Universidad Pompeu Fabra, de cancelar a Sànchez una asignación de 8,000 euros mensuales bajo la supuesta figura de “servicios prestados”, que, al parecer, no tienen fecha de caducidad.

Esta investigación ha ido más lejos aún, revelando que esta alma mater estaría financiando, además, a Xavier Sala i Martín y a otros economistas del llamado Colectivo Wilson, que habría servido de comité asesor a la acción acometida el 1-O; sin olvidar que, según estas revelaciones, esta y otras grandes instituciones estarían financiando a la cuestionada. Tal conclusión se desprende luego de que la Generalitat asegurara que no financia a la ANC tras sufrir los embates del Artículo 155 y de las declaraciones de la propia ANC, según las cuales subsistiría gracias a las recaudaciones entre la militancia catalanista.

La increíble y arriesgada propuesta de doble presidencia

Otra “subvención” que no parece concordar con las explicaciones que intentan sustentarla es la del propio expresidente de la Generalitat catalana Carle Puigdemont, autoexiliado en Bruselas junto a cinco de sus exasesores desde el pasado 31 de octubre, luego de ser considerado la figura principal, al menos públicamente, de la declaración de independencia proclamada días antes de su huida, el 27 de octubre, y adonde arribaría en vehículo automotor.

Los medios han reseñado que solamente por concepto de vivienda estaría Puigdemont invirtiendo unos 4,400 euros en una amplia y cómoda construcción erigida en la emblemática Waterloo.

Algunos de estos reportes acusan a Puigdemont de “no privarse de nada”, lo que ha despertado las suspicacias en cuanto a la naturaleza de sus fondos, a cuyas fuentes adjudican con la fuerza e inmediatez del eco a recaudaciones “populares”.

La manutención de Carles Puigdemont, y la indefinición de su estatus legal y político, constituyen aspectos de un ejercicio de tolerancia extrema que muchas personas no terminan de explicarse. Especialmente ahora que toma fuerza la propuesta de considerar una “doble presidencia” catalana, con Puigdemont legislando desde la distancia en Bruselas y un representante o “sustituto” local en la arena política catalana, mientras toma cuerpo un recurso de transición que, por los vientos que soplan, podría tomar un tiempo indefinido.

Aunque parezca chiste, la propuesta surgió a la luz de los resultados de las elecciones catalanas celebradas el pasado 21 de diciembre, elecciones propuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy como instrumento debilitador de las pretensiones soberanistas. Si bien los resultados de esos comicios demostraron que las fuerzas políticas catalanistas incluso descendieron levemente en décimas porcentuales —43,5% de 44%— y determinaron que el voto independentista solo se manifestó en un 82% de lo esperado, los mismos computaron un 21% de respaldo en votos a la figura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, pese a haber sido anatematizado legalmente por la violación del Artículo 155 y por la decepción sufrida por tantos simpatizantes catalanistas por su irresponsable proclama independentista seguida de la que han calificado como “cobarde” huida.

Figuras políticas soberanistas como Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento, han hablado incluso sobre la posibilidad de una reforma de la ley de presidencia de la Generalitat y del Govern con miras a facilitar la cuestionada reinvestidura de Puigdemont. Desde los llamados partidos constitucionalistas no son pocas las individualidades que califican tantas consideraciones políticas hacia Puigdemont como un acto de “megalomanía absurda” y “solución imposible” el tema de la doble presidencia. “Espero que Puigdemont no piense que va a gobernar a costa de Catalunya ni a vivir a costa de los catalanes” ni que le va a permitir “mantener su vida no barata en Bruselas”, comentó la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáez de Santamaría.

En todo caso, Carles Puigdemont da muestras de aprovechar al máximo esta suerte de estancamiento político de la crisis catalana al convocar a través de los medios a una asamblea de electos en Bruselas el próximo 18 de febrero que lo investiría como presidente de Cataluña en el exilio, aun cuando tal “asamblea” no existe como figura política institucionalizada ni en las leyes españolas ni en las catalanas. Cabe preguntarse con qué patente de corso cuenta Puigdemont para actuar y declarar prácticamente a sus anchas. Y, sobre todo, huelga saber quién se la otorga y por qué.