Miles de inmigrantes salvadoreños pierden su TPS

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María González Chaves- Como ya contamos aquí en Tilde Noticias, la situación de miles de indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos está a punto de cambiar. Se trata de aquellos que, a pesar de hallarse de forma irregular, viven y trabajan o estudian gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que otorga el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) si provienen de países en los que existe una crisis derivada de un conflicto armado, un desastre natural u otro tipo de problemas “extraordinarios y temporales”.

Ese amparo legal ya les fue retirado a ciudadanos nicaragüenses —unos 5,300— en un primer momento, luego llegó el turno de los haitianos —unos 59,000— y ahora, el de los salvadoreños —unos 260,000—, el grupo más numeroso, que han visto cómo, tras los terremotos sufridos en 2001, las distintas administraciones que se han ido sucediendo iban renovando su TPS. El 9 de marzo de este 2018 vence el nuevo plazo, y a partir de ese momento, los salvadoreños afectados tendrán 18 meses, es decir, hasta septiembre de 2019, para o bien arreglar sus papeles o para regresar a El Salvador, porque si permanecen en Estados Unidos corren el riesgo de ser deportados.

Muchos de estos inmigrantes salvadoreños, como ocurre en el caso de los llegados de otros países protegidos por el TPS, han hecho su vida en este país, han comprado una casa e incluso han tenido hijos —unos 273,000—, y estos niños y jóvenes sí, se encuentran en situación legal y no pueden ser expulsados: ¿qué va a pasar ahora con estas familias? Por no hablar de que la economía de El Salvador depende en parte del dinero que sus ciudadanos que residen en EE. UU. envían.

Este es sin duda un nuevo golpe del Gobierno de Trump a la inmigración, que se une a otras medidas, como la que trata de eliminar el DACA si el Congreso no actúa en contra. En julio, los hondureños protegidos por el TPS sabrán si este se les renueva, pero nada hace pensar que la decisión del actual presidente y de la responsable de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, vaya a ser diferente de las tomadas hasta ahora. De poco, y es un eufemismo, están sirviendo las protestas y los intentos de varios políticos y de distintas asociaciones de conseguir un estatus migratorio permanente para las personas que hasta ahora gozaban de esta protección legal transitoria.

Quizá las infraestructuras del país centroamericano hayan mejorado —o eso trata de explicar en un comunicado el Departamento de Seguridad al decir que “las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen”—, pero lo cierto es que las situaciones de pobreza y de violencia no lo han hecho en absoluto si atendemos a las estadísticas, que sitúan a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo. En palabras de Verónica Lagunas, de 39 años: “No hay nada que nos haga volver a El Salvador. Las infraestructuras quizá sean mejores ahora, pero el país no está en condiciones de recibirnos”. Tania, de 14 años, hija de un inmigrante salvadoreño, lo ve así: “Aquí es donde yo he nacido y donde pensé que crecería”.