El caso Odebrecht confirma que la sociedad mexicana está inerme ante la corrupción institucional

 Foto: Odebrecht

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Arturo Olmedo Díaz- ¿Qué elementos hay para defender a un Gobierno que, como el de Enrique Peña Nieto en México, se ha visto envuelto de manera constante en casos de corrupción? ¿Qué tan seria y consistente ha sido la respuesta de las autoridades ante tales acusaciones? Las siguientes interrogantes surgen luego de que, nuevamente, funcionarios mexicanos se vieron alcanzados (presuntamente sobornados) en el internacionalmente famoso caso de cohecho de la constructora brasileña Odebrecht, propiedad del empresario Marcelo Odebrecht, quien, tras ser encarcelado y condenado a más de diecinueve años de prisión (como resultado de la operación anticorrupción Lava Jato), accedió a colaborar con las autoridades judiciales del país sudamericano a cambio de una reducción en la pena derivada de los delitos que se le imputan. A partir de ese momento, sus revelaciones (y las de los principales directivos de sus empresas, como Roberto Prisco, Carlos Fadigas y otros) han puesto a temblar a la clase política latinoamericana.

Desde que el caso Odebrecht avanzó cual tsunami, devorando reputaciones políticas de sur a norte del continente (como las de Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer en Brasil, las de Ollanta Humala y Alejandro Toledo en Perú, o como la de Juan Manuel Santos en Colombia, entre muchos otros) se sabía que, inevitablemente, alcanzaría a México. Cuando esto sucedió, rápidamente se vieron involucrados el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el presidente Enrique Peña Nieto y, de manera más clara, Emilio Lozoya Austin, quien fuera el coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y, luego, director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex.

De acuerdo con una investigación de los periodistas Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI): “Una de las [primeras] evidencias que involucra a México es un correo electrónico entre dos ejecutivos de ese consorcio, llamados Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar, en el cual gestionaron una reunión entre Calderón y el entonces presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, como parte de su estrategia de negocios en Pemex”; más adelante en su investigación, Olmos y Lizárraga correlacionan información relevante y apuntan que, cuando estaban cumpliéndose tres años del arribo de Calderón a Los Pinos, una filial de Odebrecht, denominada Braskem y dedicada a la petroquímica, festejaba que “estaban por cerrar un negocio que le dejaría ventas estimadas en dos mil millones de dólares anuales”.

En información que MCCI presentó a la opinión pública en abril de 2017 (con base en la copia que obtuvo de un documento del Supremo Tribunal brasileño) se pudo conocer que Hilberto Mascarenhas, quien fuera director de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, declaró “que en noviembre de 2014 recibió la petición de pagar ilegalmente cinco millones de dólares al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, como contraprestación por beneficios indebidos otorgados a la constructora brasileña”, y aunque lógicamente tal información fue negada por el imputado, una investigación del Laboratorio de Investigación Periodística Quinto Elemento, presentada en agosto de 2017, indica que no solo fue una imputación la que se hizo contra Lozoya, sino que fueron tres exejecutivos de Odebrecht (Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva), quienes lo señalaron en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, al declarar que el exdirector de Pemex “recibió diez millones de dólares en ‘propinas’, a cambio de ayuda para obtener contratos de la paraestatal”, y que la empresa brasileña habría comenzado a entregar el dinero cuando Lozoya Austin se desempeñaba en el área internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Como era de esperarse, la Presidencia de México, a través de su vocero, Eduardo Sánchez, negó las acusaciones enfáticamente: “De ninguna manera llegó dinero ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto, y esto está más que claro”. Sin embargo, una vez más, la investigación de MCCI contradice esta postura, y revela que desde 2010 (cuando era gobernador del Estado de México) y hasta 2013, el mandatario mexicano se reunió en diversas ocasiones, tanto en Brasil como en México, con Marcelo Odebrecht.

Adicionalmente, MCCI cuenta con copia de la transcripción de un encuentro privado entre inversionistas y Carlos Fadigas (entonces director de Brasken, empresa petroquímica filial de Odebrecht y quien también se acogió al beneficio de reducir su pena a cambio de colaborar con la justicia brasileña), en el que este les expresó: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI [Partido Revolucionario Institucional], del partido PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No solo de él, sino también de su equipo”. Se conoce que el monto mínimo con el que Brasken “acompañó” la campaña priista fue de 4.5 millones de dólares, según información contenida en diversos documentos, cuyas copias posee Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Como tales acusaciones suponen la comisión de delitos establecidos en los artículos 443 y 444 de la Ley General de Instituciones Electorales, que en casos graves pudieran llegar a la cancelación del registro como partido político del que los cometiera, en este caso el PRI, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inició una investigación de oficio, a partir de la información publicada en medios, según anunció en agosto de 2017 el entonces titular de la institución, Santiago Nieto Castillo.

Durante los siguientes meses todo parecía avanzar con normalidad, hasta que el 20 de octubre se desató un huracán informativo no exento de enredos, pues la Procuraduría General de la República, encabezada de manera interina por Alberto Elías Beltrán, anunció el cese del fiscal Nieto, por, supuestamente, haber violado el Código de Conducta de la institución, asegurando que había revelado información confidencial en una entrevista publicada por el diario Reforma el día anterior, en la que, supuestamente, Lozoya Austin había presionado al fiscal para que “no lo inculpara en el caso de desvío de recursos a favor del PRI durante la campaña presidencial de 2012”. Desde el primer momento de su remoción, Santiago Nieto aseguró que no había violado ningún código de conducta o normatividad de tipo penal o administrativa como para que fuera despedido, por lo que, al ser un hombre de leyes, acudiría al Senado en términos de la Constitución para evitar su destitución.

En la Cámara Alta mexicana, ante la negativa del PRI a que se votara la remoción o reinstalación del fiscal en pantalla (abiertamente) y no por cédula (de manera oculta) se formó, inopinadamente, un bloque opositor integrado por senadores con posturas tradicionalmente opuestas —como los del derechista Partido Acción Nacional y los del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional, así como por legisladores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo—, que exigía la reinstalación del fiscal, quien con su actitud había dado muestras de su independencia y de tener la voluntad para no dejar impune el caso; sin embargo, muy poco duró tal expectativa, porque en plena efervescencia y con sospechas fundadas de que fue presionado (o sometido de alguna otra forma), Santiago Nieto acabó anunciando que no existían las condiciones para ejercer su función, aceptando su despido, lo que evidentemente generó desaliento entre la sociedad que se hallaba expectante y, de esa manera, vio cómo se diluyía, una vez más, la posibilidad de que se hiciera justicia.

 

En este orden de ideas, paraece evidente que al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (como sucedió también con el de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa) le importa mucho menos el prestigio que la impunidad. De esto ha quedado evidencia con lo que ha sido la respuesta institucional a otros casos de presunta corrupción en los que se ha visto involucrado el mandatario, pues cuando se requerían investigaciones independientes para esclarecer casos de conflicto de interés (como por ejemplo el de la Casa Blanca, con un valor estimado de siete millones de dólares, en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, que presuntamente recibió por parte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, como pago de favores ––jugosos contratos–– a la compañía constructora Grupo Higa), ha nombrado a subordinados jerárquicos (como Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública) para llevar a cabo las investigaciones en las que, lógicamente, ha resultado exonerado. Esta visión se refuerza, una y otra vez, cuando hay procesos electorales, pues aunque millones de ciudadanos observan y muchos de ellos se atreven a presentar su denuncia respecto de las anomalías cometidas  principalmente por el PRI ––aunque no de manera exclusiva––, las autoridades siempre encuentran la manera de declararlas “infundadas”. Por ello se afirma que, con el caso Odebrecht, se confirma, una vez más, que la sociedad mexicana está inerme ante la corrupción de los funcionarios del Gobierno, ya que el entramado institucional del país hace que el Poder Ejecutivo prevalezca sobre los poderes Legislativo y Judicial (a través de concesiones y canonjías económicas) y, sobre todo, que estos carezcan de la independencia necesaria para desempeñar adecuadamente sus funciones.